Ciudad de México. México tuvo el año pasado su mejora más significativa en el Índice de Paz desde que se tiene registro. Sin embargo, el peso de la violencia sigue siendo tal, que costó un promedio de 30 mil 36 pesos por persona en 2025, casi el doble del salario mensual promedio en el país, exhibió el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Aunque en términos generales se registra un avance en los indicadores de paz, hay estados donde el peso de los delitos es determinante.
En Sinaloa y Colima el costo de la violencia supera el 20 por ciento del producto interno bruto (PIB), Guanajuato roza también esa proporción; mientras en Guerrero y Morelos representa una tercera parte de lo que genera la economía, de acuerdo con el Índice de Paz México 2025, publicado por el IEP. De acuerdo con la organización, el Índice de Paz para México mejoró 5.1 por ciento durante el último año, su mejor avance desde que se levanta la medición, y en buena medida se debió a la reducción de 22.7 por ciento en el número de homicidios, que al final representan una baja aproximada de siete mil homicidios respecto a los reportados en 2024. “El año pasado marcó el sexto año consecutivo en que la paz mejoró en México, después de fuertes deterioros entre 2015 y 2019. Como resultado, los niveles de paz están ahora cerca de volver a los observados a mediados de la década de 2010”, reportó el IEP. Sin embargo, aunque se llegara a esos niveles de diez años atrás, no se estaría en una situación ideal, explicaron especialistas en conferencia de prensa.
El IEP estima el costo de la violencia con base en un agregado del impacto económico derivado de los homicidios, de otros delitos violentos, de la percepción de violencia —que levanta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía— y de los costos de protección; así como del gasto público en fuerzas militares, seguridad nacional, seguridad pública y en el sistema de justicia y reclusión. Colima, el más violento Con una reducción en algunos indicadores delictivos, sobre todo en el de homicidios, el IEP estima que el impacto económico de la violencia pasó de 4 billones 519 mil millones pesos en 2024 a 4 billones 5 mil millones de pesos en 2025. Al final estas cifras se traducen en una reducción de 11.4 por ciento, que implica la mayor merma en esta carga financiera desde que se realiza el cálculo. Sin embargo, cuando se ven estos indicadores a lo largo de una década, de 2015 a 2025, el costo total de la violencia ha aumentado 19 por ciento, equivalente a 639 mil millones de pesos; a su interior, el gasto en seguridad pública cayó 31.8 por ciento, mientras que el gasto en el sistema de justicia disminuyó 8.4 por ciento, detalla el informe.
Eso en términos generales, pero el reporte también revela las disparidades regionales. Colima fue el estado donde la violencia tuvo un mayor costo per cápita el año pasado, con 70 mil 123 pesos anuales; le siguieron Sinaloa y Guanajuato con 52 mil 083 y 45 mil 678 pesos, respectivamente. El contraste fue Yucatán, donde este indicador se ubicó en 10 mil 785 pesos. De acuerdo con el IEP, el año pasado la paz mejoró en 22 estados, mientras que se deterioró en 10.
Yucatán se mantuvo como el estado más pacífico por noveno año consecutivo, seguido de Chiapas, Tlaxcala, Durango y Campeche. En contraste, Colima se mantuvo como el estado más violento del país por cuarto año al hilo, con 74.1 muertes por cada 100 mil habitantes. A Colima siguió Sinaloa, que al ser el epicentro de la violencia letal entre facciones del cártel de Sinaloa desde finales de 2024, reportó un crecimiento en las tasas de homicidio y delitos cometidos con armas de fuego. A esta entidad siguen Guanajuato, Morelos y Baja California siguen como los estados más violentos. “Gran crisis” empezó con Calderón “Nuestra gran crisis empieza con (Felipe) Calderón”, apuntó la politóloga, Ana Laura Magaloni.
La salida de las fuerzas del ejército para replegar a las cárteles del crimen organizado no se dio a la par una mejora en el sistema de procuración de justicia y se dejó a la “fuerza pública sin diques”, amplió. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se siguió una inercia similar y fue Andrés Manuel López Obrador quien identificó que este exceso de la fuerza militar en las calles era un problema, de ahí que se dio un repliegue del Ejército que también “tuvo costos”, entre ellos una expansión de la presencia de las organizaciones criminales en las calles, detalló la académica durante la presentación del informe. De ahí que de acuerdo con Magaloni y Michael Collins, director ejecutivo para las Américas del IEP, se observa un cambio en la estrategia de la actual administración y que consiste en detener y encarcelar a los generadores de violencia. De ahí que desde el año pasado se registró un marcado aumento en el número de personas recluidas o detenidas en todo el país, más de 20 mil, lo que a diciembre se tradujo en una población penitenciaria que superó las 256 mil personas, la cifra más alta de cierre de año jamás registrada. “Si bien estos cambios parecen haber contribuido a reducciones de corto plazo en los delitos de alto impacto, su efectividad a largo plazo dependerá de la capacidad del sistema judicial, el respeto al debido proceso y el fortalecimiento institucional en general”, apunta el IEP.
Uno de los obstáculos es lo parco del sistema judicial, apunta el IEP. “El país cuenta con un promedio de apenas dos jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, una séptima parte del promedio mundial”. Collins señaló que si bien se ha registrado una reducción de delitos en el país, empezar a cambiar la percepción de inseguridad en el país tardará bastante tiempo y hay delitos como las desapariciones, que abonan al sentimiento de violencia. “La percepción de inseguridad en México es muy alta y dudo que esto vaya a cambiar de un día para otro, es una cosa de décadas. Existe una memoria histórica de la violencia y sobre todo cuando la violencia en tan severa. Esto es algo que va a tardar”, subrayó.