La pretendida imputación que formalmente presentó este miércoles desde Miami el Departamento de Justicia, “es otra provocación diseñada para fabricar el consenso necesario para otra guerra por parte de la administración (de Donald) Trump”, afirmó la organización política al insistir que la misma “carece de base legal». En virtud del Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y en consonancia con el derecho internacional, todo Estado soberano posee el derecho inherente de defender su territorio —incluido su espacio aéreo nacional— contra incursiones ilícitas, apuntó el partido. Recordó que el derribo de las dos aeronaves de la organización terrorista ‘Hermanos al Rescate’ el 24 de febrero de 1996 se produjo únicamente después de que Cuba agotó «todos los canales diplomáticos con el Gobierno de los Estados Unidos, y solo como respuesta a violaciones reiteradas, deliberadas y documentadas de la soberanía cubana», añadió el PSL en una declaración. Contrariamente a la narrativa promovida por la administración Trump, Cuba no actuó de manera precipitada.
Entre 1994 y febrero de 1996, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país caribeño y sus autoridades de aviación civil registraron y documentaron más de 25 violaciones graves, deliberadas y sistemáticas del espacio aéreo cubano por parte de aeronaves vinculadas a ‘Hermanos al Rescate», argumentó la declaración. Cada una de estas violaciones territoriales fue formalmente denunciada por escrito y Cuba lo notificó oficialmente a las autoridades estadounidenses pertinentes como el Departamento de Estado, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), agregó el texto. Los registros desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional, publicado este 19 de mayo, un día antes del anuncio, “revelan que altos funcionarios estadounidenses sabían que las violaciones del espacio aéreo cubano conducirían a una catástrofe”. El momento en que se presenta esta acusación formal revela su verdadero propósito.
Llega como parte de una campaña escalada por parte de la administración Trump, la cual consiste en amenazas, ultimátum y preparativos para una guerra no provocada contra Cuba, añadió. La administración ya ha impuesto drásticas sanciones económicas, ha bloqueado los envíos de petróleo, ha designado a Cuba como ‘Estado patrocinador del terrorismo’ y ha amenazado con desplegar activos navales a menos de 100 yardas de las costas cubanas. El pueblo de Estados Unidos no quiere otra guerra, aunque Trump ya ha arrastrado al mundo hacia el caos económico, la muerte y la destrucción con su guerra a Irán, sería una indignación mayúscula que ahora diera un giro y lanzara otra agresión, esta vez contra Cuba, un plan que debe cesar de inmediato, concluyó el Partido por el Socialismo y la Liberación. jha/dfm