La medida fue anunciada mediante un memorándum oficial del ente, en el que se instruye a los funcionarios migratorios a evaluar caso por caso si existe alguna circunstancia extraordinaria que justifique una excepción para quienes soliciten la llamada green card dentro del territorio estadounidense. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, dependencia que supervisa al USCIS, la nueva política busca que el sistema migratorio opere “como lo prevé la ley” y evitar que las personas aprovechen vacíos legales para permanecer en Estados Unidos mientras tramitan su residencia. El USCIS sostuvo además que el cambio permitirá liberar recursos administrativos para acelerar otros trámites migratorios, en medio de la presión que enfrenta la agencia por el aumento de solicitudes y rezagos acumulados. Sin embargo, organizaciones civiles y defensoras de migrantes advirtieron que la decisión podría afectar especialmente a víctimas de violencia, trata de personas y menores abandonados.
La Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS), organización que brinda apoyo a refugiados e inmigrantes, acusó al gobierno de obligar a personas vulnerables a regresar a los países de los que huyeron. La medida se suma a otras restricciones migratorias impulsadas durante la Administración actual. El año pasado, el gobierno redujo la duración de visas para estudiantes, visitantes de intercambio y representantes de medios de comunicación extranjeros. Además, el Departamento de Estado informó en enero que, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, se han revocado más de 100.000 visas, como parte del endurecimiento de la política migratoria y de control fronterizo impulsada por Washington.