El juez de la Audiencia Nacional española, Santiago Pedraz, ordenó este miércoles a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acudir a la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para requerir documentación y archivos electrónicos, en el marco de una investigación que afecta a altos dirigentes socialistas por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y revelación de secretos. La decisión judicial se produce en medio de las crecientes voces dentro del PSOE que piden un adelanto electoral o incluso la dimisión de Pedro Sánchez, ante la acumulación de casos de corrupción que amenazan con desgastar al partido, de cara a los comicios municipales y autonómicos de mayo de 2027. Entre los investigados se encuentran el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y el empresario Javier Pérez Dolset, entre otros, por una presunta trama dirigida a “desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban a este partido o al Gobierno”. También figuran como investigados el abogado Jacobo Teijelo y un guardia civil.
Casos de corrupción en España: amplían investigación contra el PSOE Según el organismo judicial, el juez Pedraz considera que los hechos investigados son “graves tanto por las penas que pudieran imponerse como por el elevado importe de las transacciones económicas”. El magistrado también señala indicios de responsabilidad contra la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes, al menos como cómplice por posible falsedad en documentos mercantiles. La orden de requerir la documentación ha caído en pleno debate interno sobre un adelanto electoral en España. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado públicamente que Pedro Sánchez someta su gobierno a una cuestión de confianza, mientras que diversos barones socialistas temen que las elecciones municipales de 2027 queden contaminadas por la política nacional.
El PSOE se enfrenta a una crisis judicial y política sin precedentes La investigación de la Audiencia Nacional incluye delitos contra las instituciones del Estado, prevaricato, tráfico de influencias e inducción al falso testimonio. El juez Pedraz ha considerado proporcionados los requerimientos a personas físicas y jurídicas, así como a entidades públicas y privadas, para que entreguen “con carácter inmediato” toda la documentación y archivos electrónicos requeridos. Mientras la UCO ejecuta las diligencias en la sede del PSOE, la presión interna sobre Pedro Sánchez no cesa. Dirigentes territoriales insisten en que la acumulación de casos de corrupción hace inviable esperar a mayo de 2027, y algunos no descartan exigir abiertamente su dimisión si las investigaciones judiciales siguen avanzando.