La polémica sobre la transparencia del proceso electoral colombiano se intensifica a menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio. Las declaraciones del fiscal general llegan después de que el presidente Gustavo Petro cuestionara públicamente los resultados del preconteo. El fiscal descarta alteraciones en el censo electoral Eljach afirmó que los organismos encargados de la vigilancia del proceso electoral no han detectado indicios de irregularidades en el censo electoral ni en los sistemas de escrutinio. Según explicó en un mensaje difundido a través de redes sociales, la Procuraduría General de la Nación no tiene constancia de ninguna modificación irregular del software de preconteo ni de la incorporación de nuevas cédulas al censo oficial.
Aspecto analizado Conclusión de la Fiscalía Software de preconteo No existen pruebas de modificaciones Censo electoral No hay evidencia de incorporación irregular de cédulas Mesas impugnadas No se han detectado casos que respalden las denuncias Segunda vuelta presidencial Se mantienen las garantías electorales La Fiscalía y la Procuraduría aseguran que no han encontrado evidencias que respalden las acusaciones formuladas por el presidente colombiano El fiscal también señaló que los delegados encargados de supervisar las elecciones no han identificado mesas electorales impugnadas ni miles de votos añadidos de forma irregular, como había denunciado el jefe del Estado. Petro cuestionó los resultados del preconteo La controversia comenzó después de que Gustavo Petro manifestara públicamente que no aceptaba los resultados del preconteo electoral. El mandatario sostuvo que los algoritmos utilizados en el sistema de conteo y escrutinio habrían sido modificados y que se habrían agregado 800.000 cédulas al censo electoral oficial. El presidente aseguró que estas supuestas alteraciones podían afectar la transparencia del proceso y reclamó una revisión exhaustiva de los resultados obtenidos en la primera vuelta.
Gustavo Petro denunció la supuesta incorporación de 800.000 cédulas al censo electoral, una acusación que las autoridades aseguran no haber podido verificar La Fiscalía pide pruebas al presidente Ante estas acusaciones, Eljach solicitó formalmente al presidente que entregue cualquier documentación o evidencia que pueda respaldar sus afirmaciones. Además, recordó que la legislación colombiana no otorga al presidente de la República competencias para aceptar o rechazar los resultados electorales, ni durante la fase de preconteo ni durante el escrutinio oficial. El fiscal insistió en que el proceso electoral se ha desarrollado con normalidad y destacó el trabajo de los organismos de control y supervisión encargados de garantizar la transparencia de los comicios. Iván Cepeda se desmarca de las denuncias Las acusaciones de Petro fueron inicialmente respaldadas por el candidato oficialista Iván Cepeda , quien había expresado dudas sobre la integridad del proceso electoral.
Sin embargo, este lunes el aspirante reconoció que, hasta el momento, no ha encontrado pruebas que confirmen la supuesta manipulación denunciada por el presidente. La rectificación de Cepeda coincide con la posición mantenida por la Fiscalía y la Procuraduría, que insisten en que no existen elementos que permitan cuestionar la validez del proceso electoral celebrado en la primera vuelta. Iván Cepeda ha reconocido que no dispone de evidencias que demuestren las irregularidades denunciadas inicialmente por el presidente Segunda vuelta con garantías el 21 de junio Las autoridades colombianas han reiterado que el proceso electoral continúa su curso y que la segunda vuelta presidencial se celebrará el próximo 21 de junio con todas las garantías para los ciudadanos y los candidatos. En esa cita electoral competirán el candidato de la derecha Abelardo de la Espriella y el representante del oficialismo Iván Cepeda , tras haber sido los dos aspirantes más votados en la primera vuelta.
El Gobierno, la Fiscalía y los organismos electorales afrontan ahora el reto de preservar la confianza de los ciudadanos en un proceso marcado por las tensiones políticas y las acusaciones cruzadas.