Perú celebrará el 7 de junio la segunda vuelta electoral entre la candidata derechista Keiko Fujimori y el candidato izquierdista Roberto Sánchez y, en ese contexto, Fitch Ratings advirtió que el resultado podría derivar en escenarios de política económica significativamente diferentes para las empresas del país, especialmente en los sectores de minería, petróleo y gas, infraestructura y otras actividades intensivas en inversión. Según un informe publicado por la calificadora, una victoria de Fujimori probablemente respaldaría la inversión privada y la ejecución de proyectos, mientras que un triunfo de Sánchez incrementaría la incertidumbre relacionada con impuestos, regalías, estabilidad contractual e intervención estatal. VER MÁS: Perú enfrenta una elección polarizada, pero UBS mantiene confianza en el sol Fitch puntualizó que las elecciones se desarrollan en un contexto de desafíos persistentes de gobernabilidad y de fragmentación legislativa. La agencia consideró que estas condiciones limitarán la capacidad de la próxima administración para impulsar reformas estructurales y grandes proyectos de minería e infraestructura considerados relevantes para el crecimiento económico, independientemente de quién resulte electo.
La calificadora agregó que la fragmentación del Congreso y la incorporación de una nueva Cámara de Senadores probablemente restringirán cambios significativos en las políticas públicas. Asimismo, sostuvo que las limitaciones de gobernabilidad podrían retrasar decisiones de inversión y ralentizar la ejecución de proyectos. Pese a ese escenario político, Fitch afirmó que los fundamentos macroeconómicos de Perú continúan respaldados por un crecimiento resiliente del Producto Interno Bruto (PIB), mayores precios del cobre, inflación controlada y un entorno favorable para el consumo. La agencia indicó que una eventual presión sobre los flujos de caja derivada de cambios de política económica difícilmente provoque por sí sola rebajas de calificación.
Entre los factores que respaldan esa visión mencionó que la deuda corporativa de corto plazo representa alrededor del 5% de la deuda total de las compañías calificadas. Además, proyectó que el flujo de caja operativo cubrirá cerca de dos veces las inversiones de capital y casi cuatro veces los gastos por intereses hacia finales de 2026. También estimó que el apalancamiento mediano de los emisores con calificación pública se ubicará en torno a 2,6 veces EBITDA al cierre de ese año. Respecto de las propuestas de Sánchez, Fitch destacó iniciativas orientadas a reducir la duración de concesiones mineras inactivas, elevar las regalías y renegociar contratos vinculados a recursos naturales estratégicos.
Según la agencia, estas medidas podrían debilitar la estabilidad contractual y aumentar la incertidumbre para las compañías mineras y de recursos naturales. El programa del candidato también contempla una reforma constitucional para recuperar la soberanía sobre los recursos naturales, reducir beneficios tributarios para las empresas mineras y establecer controles de precios sobre productos considerados monopolísticos o esenciales, una categoría que probablemente incluiría la energía. En contraste, Fitch indicó que las empresas mineras calificadas por la agencia se encuentran bien posicionadas para atravesar un período de incertidumbre, apoyadas por balances sólidos y precios favorables de los metales. La calificadora proyectó que el apalancamiento mediano del sector minero caerá por debajo de una vez EBITDA en 2025, frente a 1,3 veces en 2024 y 2 veces en 2023.
También comentó que los elevados precios del cobre, zinc, oro y plata fortalecieron los perfiles financieros de las compañías. Asimismo, destacó que muchas empresas priorizaron el repago de deuda y la mejora de sus perfiles de vencimiento, lo que amplió el margen dentro de sus calificaciones o derivó en mejoras de rating. No obstante, Fitch advirtió que la conflictividad social continúa siendo un riesgo. VER MÁS: Cómo saber si soy miembro de mesa 2026 en Perú Por otro lado, la firma de análisis crediticio consignó que la política laboral podría tener efectos sobre empresas con alta intensidad de mano de obra o limitada flexibilidad de márgenes.
Según el informe, las propuestas de Sánchez apuntan a fortalecer la protección laboral, ampliar beneficios para los trabajadores formales y reforzar el papel de los sindicatos, mientras que la agenda laboral de Fujimori se concentra en incentivos para la contratación de jóvenes y apoyo a pequeñas empresas.