Buenos Aires — La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suspenda la aplicación de embargos, ejecuciones fiscales y multas sobre las pequeñas y medianas empresas mientras se debate en el Congreso el proyecto que modificará la actual Ley de Inocencia Fiscal. El planteo se da luego de que el Gobierno anunciara el envío de una iniciativa legislativa orientada a reformar aspectos del sistema tributario. Ante ese escenario, la entidad empresaria consideró necesario establecer un período de transición que evite mayores costos financieros para las pymes, en un contexto marcado por la debilidad del consumo y las dificultades para sostener la actividad. Así, CAME propuso que ARCA no aplique sanciones durante el período de espera previsto en la futura normativa.
Además, solicitó que, en los casos en que los contribuyentes regularicen sus obligaciones dentro de los 15 días posteriores a la finalización de ese plazo, las multas se reduzcan en un 50%. Recién una vez vencido ese período adicional sin cumplimiento, la sanción debería aplicarse en su totalidad, según los montos establecidos por la ley. La entidad también pidió una medida más amplia vinculada con la situación financiera de las empresas. Solicitó la suspensión de las ejecuciones fiscales y de los embargos sobre el sector pyme mientras se implementan los cambios normativos impulsados por el Gobierno.
En paralelo, reclamó la creación de un régimen especial de facilidades de pago para regularizar deudas tributarias. La propuesta contempla planes de hasta 48 cuotas, una condonación del 50% de los intereses acumulados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. “Pedimos la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación”, sostuvo el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo. Según detalló la organización, el esquema debería abarcar tanto las deudas vencidas al 31 de mayo de este año como los planes de pago vigentes y aquellos que hayan caducado. El pedido de la entidad empresaria se produce en momentos en que numerosas pymes enfrentan una demanda todavía débil y mayores exigencias de financiamiento para sostener su capital de trabajo.
A esto se suma el debate sobre una eventual reforma tributaria impulsada por el Gobierno y las recomendaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para simplificar y modernizar el sistema impositivo argentino. Desde CAME señalaron que las medidas solicitadas buscan evitar que la transición hacia un nuevo esquema fiscal genere mayores dificultades para el entramado productivo. En ese sentido, remarcaron que la suspensión temporal de sanciones y la creación de herramientas de regularización contribuirían a preservar la actividad, sostener el empleo y mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.