Bloomberg — Roberto Sánchez hace campaña con un sombrero tradicional campesino de uno de los departamentos más pobres de Perú, prometiendo acabar con las profundas desigualdades de este país rico en cobre. Sin embargo, el candidato de izquierda se parece poco a los campesinos andinos que lo han impulsado hasta una segunda vuelta presidencial que se perfila muy reñida frente a la candidata de derecha, Keiko Fujimori, el 7 de junio. Sánchez, un psicólogo reconvertido en político, lleva cinco años en el Congreso y vive en un barrio acomodado de Lima. Aun así, su falta de credenciales rurales no parece importarle a dichos votantes, siempre que se comprometa a ejecutar las promesas del expresidente Pedro Castillo.
Elegido en 2021 con un apoyo abrumador de las comunidades rurales, Castillo permanece encarcelado desde que intentó disolver el Congreso a la fuerza hace casi cuatro años. Sus seguidores creen en su mayoría que fue víctima del trato de la élite empresarial y política de Lima, que no le dejó otra alternativa que intentar el autogolpe. Su vacancia desencadenó protestas masivas que dejaron decenas de muertos. Desde entonces, Perú ha tenido tres presidentes más.
Por ello, en muchos sentidos, las elecciones del domingo representan una revancha del caótico ciclo político que comenzó hace cinco años, cuando Castillo derrotó a Fujimori, que ya había perdido tres elecciones presidenciales. Esta vez será su protegido quien se enfrente a una figura del establishment en una especie de referendo sobre la riqueza y la pobreza. “No queremos ser más estropeados de esa gente rica, con tanta gente pobre que hay”, afirmó César Olivera Quispe, agricultor de subsistencia de 58 años y residente en Chota, la ciudad natal de Castillo. Olivera Quispe también lleva el icónico sombrero que Castillo, y ahora Sánchez, han convertido en un símbolo reconocido a nivel internacional. Sánchez fue el único sobreviviente político de los 16 meses de gobierno de Castillo, durante los cuales más de 70 ministros pasaron por cinco gabinetes distintos.
Desde la cárcel, Castillo bendijo la campaña de su antiguo ministro y le entregó su sombrero de ala ancha. Desde entonces, Sánchez no se lo ha quitado. Fujimori, de 51 años, es por su parte una de las figuras políticas más influyentes de Perú. El controvertido legado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori —condenado por corrupción y violaciones de los derechos humanos—, ha pesado en contra de ella en campañas anteriores.
Tampoco ha contribuido a mejorar su imagen el papel que ha desempeñado en la turbulenta política peruana como una de las figuras más influyentes del Congreso. Aun así, sus partidarios y los inversionistas la consideran una fuente de estabilidad y una garantía de continuidad del exitoso modelo económico peruano, basado en la Constitución favorable al mercado promulgada durante el gobierno de su padre en la década de 1990. Esa carta magna abrió sectores clave, como la minería, a la inversión privada, convirtiéndolos en uno de los principales destinos del capital extranjero en Perú. La izquierda sostiene que ese modelo no ha distribuido la riqueza de forma equitativa, y Sánchez pretende reformularlo.
Retomando la agenda que dejó pendiente Castillo, su propuesta de reescribir la Constitución de Fujimori ha despertado tanto entusiasmo en las zonas rurales más pobres del país como preocupación entre los inversionistas. “Claro que soy un peligro”, le dijo Sánchez, de 57 años, a Fujimori durante un debate presidencial. “Un peligro para democratizar la riqueza concentrada en pocas manos”. Voto de protesta Chota, la ciudad natal de Castillo y una de las provincias más pobres de Cajamarca, se ha convertido en un bastión de Sánchez. El candidato hizo campaña allí e incluso desafió a Fujimori a debatir en la localidad, aunque el encuentro nunca llegó a celebrarse. Y el efecto Castillo sigue vigente.
Su hermano se convirtió en el segundo senador más votado del país en las elecciones generales de abril, y su cuñada también consiguió un escaño en el Congreso. El respaldo a Sánchez “es un voto realmente de protesta, una lección que el pueblo quiere darle a la derecha”, afirmó Mirtha Vásquez, abogada cajamarquina —que probablemente será próximamente senadora electa— y ex primera ministra de Castillo. Ese es precisamente el caso de Olivera Quispe, quien creció junto a Castillo en Chota. Mientras él abandonó la escuela para dedicarse por completo al cultivo de papas y maíz, Castillo fue uno de los pocos compañeros de clase que continuó sus estudios. “La gente poderosa que a su gana maneja el país no permiten que un hombre del campo llegara a gobernar”, dijo Olivera Quispe.
Vive en Puña, una localidad rural de Chota compuesta por casas de adobe y calles de tierra sin nombre, donde solo el canto de los gallos rompe el murmullo de las mujeres que transportan las cosechas sobre sus caballos. La agricultura y la minería son los principales motores económicos de Cajamarca, y muchos habitantes se sienten identificados con políticas como las que propone Sánchez. Sus planteamientos iniciales de gravar las ganancias extraordinarias de la minería y eliminar gradualmente las explotaciones a cielo abierto le han granjeado un apoyo masivo en las regiones mineras, donde predomina la percepción de que las enormes ganancias del sector y los ingresos fiscales récord apenas han mejorado las condiciones de vida de las comunidades vecinas. “El Perú neocolonial se acabó”, declaró Sánchez en una entrevista con Bloomberg en abril. Perú es el tercer mayor productor mundial de cobre y el principal exportador de oro de Sudamérica.
La minería representa más del 60% de las exportaciones del país y ha contribuido a impulsar un crecimiento económico superior al de muchos de sus vecinosde la región. Sin embargo, frente a hace una década, hoy unos dos millones de peruanos adicionales viven en la pobreza. “Es ilógico que tengamos estas grandes riquezas y sigamos siendo pobres”, comentó Víctor Cusquisibán, director regional de Energía y Minas de Cajamarca. A medida que se aproxima la segunda vuelta presidencial, Sánchez ha moderado su discurso y se ha comprometido a respetar los contratos mineros vigentes y el marco tributario, además de reducir la burocracia. Sin embargo, su orientación de izquierda sigue generando inquietud en un sector que aspira a explotar los vastos yacimientos de cobre del país para satisfacer la demanda mundial asociada a la transición energética.
En la carrera global por el cobre, Cajamarca podría tener mucho que ganar... o perder. Reservas de cobre A unos 2.500 metros de altitud, al norte de Chota, Jorge Benavides giraba constantemente la cabeza para seguir con la vista los caminos abiertos que han permitido revelar lo que se esconde bajo la montaña que tenía delante: el segundo mayor recurso de cobre sin explotar del mundo. “Mira la oportunidad que tienen” para varias generaciones, dijo Benavides, director país de First Quantum Minerals, la empresa que opera desde 2023 el proyecto de exploración La Granja tras adquirir una participación mayoritaria a Rio Tinto. FQM estima que la mina a cielo abierto podría comenzar a construirse a finales de 2029 y empezar a producir aproximadamente cuatro años después, con una capacidad potencial cercana a las 350.000 toneladas anuales de cobre. La Granja es además uno de los siete proyectos que, de desarrollarse, podrían aportar conjuntamente más de US$16.000 millones en inversiones a Cajamarca, según estimaciones del gobierno. “Necesitamos esa inversión”, afirmó Cusquisibán, del gobierno regional.
Sin embargo, cualquier cifra millonaria seguirá siendo una promesa vacía si no se corrigen la ineficiencia estatal y la corrupción estructural que impiden cubrir necesidades básicas de la población, desde el acceso al agua hasta la atención médica y la educación. Ejecutivos del sector minero sostienen que Perú también necesita una mayor estabilidad política y procesos de autorización más ágiles para poner en marcha nuevos proyectos. Los conflictos sociales continúan siendo otro gran obstáculo. En la región está uno de los casos más emblemáticos de conflicto minero del país: Conga, un proyecto aurífero valorado en miles de millones de dólares que permanece paralizado desde hace más de una década debido a la oposición social y ambiental.
La industria argumenta que la frustración por la falta de beneficios tangibles responde a los fracasos del gobierno y no a la actividad minera en sí. El sentimiento antiminero “es muy fácil que se intensifique sobre todo cuando aparecen candidatos como Sánchez”, dijo Paola Herrera, economista del Instituto Peruano de Economía. FQM seguirá adelante este año con la evaluación ambiental de La Granja independientemente del resultado electoral, afirmó Benavides, quien prefiere no expresar públicamente su apoyo a ningún candidato. “Nuestra visión es de largo plazo”. Tras la desastrosa experiencia de la empresa en Panamá, donde un importante proyecto de cobre de US$10.000 millones fue paralizado a raíz de protestas medioambientales, FQM está entablando un diálogo temprano con las comunidades afectadas por La Granja.
Los US$5 millones que la mina destina cada año a un fondo social comunitario, utilizados para mejorar carreteras, apoyar proyectos cafeteros y financiar becas, también están contribuyendo a mantener estable el apoyo al proyecto, a pesar de que la mayoría de los votantes se inclinan por Sánchez. Tomemos como ejemplo a la familia de Luz Villanueva, ama de casa de 50 años. Ella y tres de sus hermanos han trabajado de forma intermitente en La Granja. Su marido, Reinerio Cubas, lleva más de una década realizando diversos trabajos de mantenimiento en el campamento minero y gana aproximadamente el doble de lo que suele obtener cosechando aguacates, según relata.
Una de sus hijas también obtuvo una beca para cursar estudios superiores en administración. “El proyecto nos ha apoyado bastante”, dijo Cubas. Firme partidario de Castillo, no considera que una victoria de Sánchez represente un riesgo para La Granja. Cree que cualquier intento de reforma radical sería frenado por el influyente Congreso recién elegido, cuya composición se inclina más hacia la derecha. El partido Fuerza Popular, de Fujimori, cuenta de hecho con la bancada más numerosa, lo que aporta cierto alivio a inversionistas y líderes empresariales, independientemente de quién gane el domingo. “Nos sentimos tranquilos con la forma en que se ha elegido este nuevo Congreso, que garantizará cierta paz”, dijo Leandro García, CEO de Buenaventura, una de las mayores empresas mineras peruanas que cotizan en bolsa, durante la más reciente presentación de resultados.
De vuelta en Puña, la posibilidad de que Fujimori termine controlando tanto el poder ejecutivo como el legislativo inquieta a los habitantes de la ciudad natal de Castillo, donde se la considera ajena al Perú rural y pobre, e incapaz de responder a sus necesidades. “Seguirá solamente sacando beneficios para su gente y grandes empresas”, comentó Olivera Quispe. El padre del expresidente, Ireño Castillo, un agricultor de 85 años, culpa al “poder de la plata”. Lea más en Bloomberg.com