El conflicto social y político en Bolivia se agrava en medio de cortes de carreteras, denuncias de desabastecimiento y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Las movilizaciones, iniciadas por demandas sociales y económicas, han incorporado en las últimas semanas la exigencia de dimisión del presidente Rodrigo Paz . El Ejecutivo boliviano acusa a Morales de impulsar el traslado de personas hacia La Paz en plena escalada de los bloqueos El Gobierno denuncia autobuses desde los bloqueos El Ministerio de Obras Públicas ha difundido dos vídeos en los que, según el Ejecutivo, se observa la salida de cinco autobuses desde uno de los puntos de bloqueo situados en la carretera que une Oruro con La Paz . La cartera ha asegurado que esos vehículos transportaban “personas enviadas por Evo Morales ” para “generar violencia y caos” en la capital boliviana, al tiempo que los manifestantes mantienen cerrados accesos clave para el traslado de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad. “Esta no es una protesta.
Es una acción criminal”, ha denunciado Obras Públicas, que también ha acusado a los bloqueadores de impedir el paso de suministros vitales y de atacar ambulancias. Dato clave Situación en Bolivia Duración de las protestas 39 días de movilizaciones Departamentos afectados 6 de los 9 departamentos del país Autobuses denunciados 5 autobuses hacia La Paz Principales focos La Paz y Cochabamba Medida aprobada Ley de Regulación de los Estados de Excepción Los bloqueos afectan ya a seis departamentos y el Gobierno denuncia daños al abastecimiento y a la atención sanitaria Bloqueos en seis departamentos Las protestas cumplen este lunes 39 días desde su estallido en La Paz y se han extendido a otras zonas del país. El Gobierno cifra en cerca de 100 bloqueos los cortes levantados en carreteras, con especial incidencia en La Paz y Cochabamba , bastión político del expresidente Morales. A la huelga indefinida convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) se han sumado bloqueos liderados por colectivos campesinos y rurales.
En un primer momento, las movilizaciones reclamaban mejoras de vida y condiciones sectoriales en medio de la crisis social y económica que atraviesa el país. Con el paso de los días, los manifestantes han elevado sus exigencias y han situado como condición política la renuncia del presidente Rodrigo Paz . La crisis boliviana ha pasado de las demandas sectoriales a una presión directa sobre la continuidad del presidente Rodrigo Paz El Congreso abre la vía al despliegue militar En paralelo, el Congreso de Bolivia ha aprobado la llamada Ley de Regulación de los Estados de Excepción , una norma que permite al Ejecutivo desplegar a las Fuerzas Armadas para intervenir frente a los bloqueos. La medida llega en un escenario de creciente tensión, con denuncias de violencia, problemas de abastecimiento y un pulso político cada vez más abierto entre el Gobierno y sectores movilizados vinculados a organizaciones sociales y rurales.
El Ejecutivo sostiene que los bloqueos han dejado de ser una protesta social para convertirse en una amenaza contra la población. Los manifestantes, por su parte, mantienen la presión en las carreteras y reclaman cambios políticos ante la crisis económica. La nueva ley aumenta el margen de actuación del Ejecutivo en una crisis marcada por bloqueos, desabastecimiento y tensión política La Paz, epicentro de la tensión La capital boliviana vuelve a situarse en el centro de la crisis después de que el Gobierno alertara del supuesto traslado de manifestantes desde los bloqueos hacia la ciudad. Obras Públicas ha responsabilizado a quienes mantienen los cortes de cada enfermo que no recibe atención, de cada familia que no accede a alimentos y de cada episodio de violencia que pueda producirse.
La escalada mantiene a Bolivia en una situación de alta tensión institucional y social, con seis departamentos afectados por bloqueos y el Gobierno preparado para recurrir a nuevas herramientas legales si las movilizaciones continúan.