Bloomberg Línea — Colombia está recibiendo un regalo que no esperaba. La escalada del conflicto en Medio Oriente empujó el precio del crudo Brent a un promedio de US$92 por barril en lo corrido de 2026, desencadenando un choque petrolero que llega en un momento crítico: el país atraviesa uno de sus episodios fiscales más complejos en décadas. “Los mayores precios del petróleo podrían representar ingresos adicionales a la Nación por $21 billones de pesos, lo equivalente a una reforma tributaria, pero sin necesidad de tramitarla en el Congreso”, dice Alejandro Rojas, economista senior del Banco de Bogotá. En abril, las exportaciones de petróleo colombiano sumaron US$1,620 millones, el nivel más alto desde julio de 2022. El salto es pronunciado: entre octubre de 2025 y febrero de 2026, el promedio mensual era de US$940 millones.
En apenas dos meses, ese número casi se duplicó. Si la Agencia de Información de Energía de EE.UU. (EIA) y el consenso de analistas de Bloomberg aciertan —con un precio promedio de entre US$93 y US$95 por barril para el año completo—, las exportaciones de crudo podrían superar los US$17.500 millones en 2026, unos US$5.000 millones más que el año anterior. Con eso, el petróleo volvería a desplazar a las remesas como la principal fuente de divisas del país, un lugar que perdió en 2025. El impacto fiscal es el dato más llamativo.
Según cálculos del Banco de Bogotá, el choque podría generarle a la Nación ingresos de hasta 2.0% del PIB en 2027, casi un punto porcentual por encima de lo que el Ministerio de Hacienda tenía contemplado, dado que sus supuestos de precio del crudo eran inferiores a US$60 por barril. La bonanza, sin embargo, tiene un techo más bajo de lo que podría haber sido. En 2014, con precios similares rondando los US$99 por barril, las exportaciones petroleras ascendieron a US$28.900 millones anuales —casi el doble de lo proyectado para 2026—. La diferencia está en la producción: el país extraía entonces cerca de 990,000 barriles diarios; hoy produce alrededor de 740,000, un 25% menos. “El choque actual deja claro que, con un mejor ambiente de negocios para el sector, Colombia podría tener un beneficio mucho mayor de este tipo de episodios globales”, añade Rojas.
La pregunta que pende sobre Colombia es tan política como económica: ¿qué hará el gobierno con el dinero? Si mantiene un gasto moderado —con ajustes técnicos al salario mínimo, supuestos realistas en el Presupuesto General de la Nación y una corrección en el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC)—, los ingresos adicionales podrían reducir el déficit primario en al menos 1% del PIB, limpiar el rezago presupuestal acumulado y reconstitituir la caja del Tesoro. Si, en cambio, la bonanza se convierte en pretexto para ampliar el gasto, Colombia habrá desperdiciado una oportunidad histórica. Los ingresos petroleros no son estructurales —la volatilidad del crudo lo garantiza— y gastarlos como si lo fueran sería repetir un error que el país ya conoce bien.