Bloomberg — El equipo económico de Brasil busca negociar con el Congreso para impedir la aprobación final de tres proyectos de ley que añadirían más de R$170.000 millones (US$33.000 millones) al presupuesto nacional en los próximos 10 años, según declaró el ministro de Planificación, Bruno Moretti. Moretti dijo que el gobierno apuesta por el diálogo para explicar a los legisladores el impacto que tendrían las propuestas en el presupuesto de la nación, pero está preparado para recurrir al Tribunal Supremo si fracasan las negociaciones. Los proyectos, que fueron aprobados por distintas comisiones del Senado el miércoles por la tarde, carecen de fuentes de financiamiento y amenazarían las reglas fiscales. “Es importante no crear incertidumbre en un entorno en el que la economía ya se enfrenta a shocks exógenos”, dijo Moretti en una entrevista el jueves. “Necesitamos mantener la disciplina en la gestión de las finanzas públicas”. Un proyecto de ley renegociaría la deuda rural con tasas de interés subsidiadas, con un impacto estimado de R$140.000 millones en 10 años.
Otro flexibilizaría las normas de jubilación para los trabajadores de salud comunitarios, con un costo aproximado de R$30.000 millones durante el mismo período. Un tercero elevaría el salario mínimo nacional para médicos y dentistas, lo que supondría un gasto anual adicional de aproximadamente R$8.000 millones a partir de este año. Además, en el Senado se están estudiando más de 10 propuestas diferentes, con el potencial de elevar los suelos de gasto constitucionales o crear nuevos gastos obligatorios, advirtió. El gobierno ha pasado las últimas semanas reuniéndose con legisladores en un esfuerzo por limitar el impacto fiscal de una serie de propuestas que avanzan en el Congreso, en un momento en que el presidente Luiz Inácio Lujla da Silva intenta preservar el limitado espacio fiscal del gobierno para financiar los programas sociales existentes y otras medidas de estímulo económico de cara a las elecciones de octubre.
Moretti, que se hizo cargo del Ministerio de Planificación en marzo después de que su predecesor renunciara para presentarse a las elecciones de este año, dijo que los proyectos de ley también dañarían la percepción de los inversores sobre la mayor economía de América Latina y posiblemente obligarían al gobierno a realizar congelaciones presupuestarias más profundas. Aunque reconoció que el gobierno necesita ayudar a los agricultores, Moretti argumentó que la actual propuesta de deuda rural obligaría a los bancos a reservar provisiones adicionales para posibles pérdidas, lo que pesaría sobre sus balances. También podría aumentar las tasas de morosidad en todo el sistema financiero, dijo. El ministro no descartó recurrir al máximo tribunal si las medidas avanzan sin cumplir los requisitos fiscales.
Señaló que los magistrados han apoyado al gobierno en casos similares. “Hay condiciones legales que exigen que los gastos obligatorios vayan acompañados de fuentes de financiación”, dijo. Con la colaboración de Beatriz Reis. Lea más en Bloomberg.com