Por Xavier Villar Que con el interlocutor adecuado, la oferta económica correcta, el gesto diplomático oportuno, el conflicto podría resolverse. Esta lectura encontró en Trump al candidato ideal, el hombre de negocios que vendría a cerrar tratos donde los políticos habían fracasado, y ha demostrado ser no solo incorrecta sino estructuralmente incapaz de comprender lo que está ocurriendo. El problema no reside en la psicología de ningún presidente ni en la pericia negociadora de ninguna delegación. Reside en el lugar que ocupa Irán dentro de la lógica de una potencia imperial en proceso de contracción, y en el tipo de orden que esa potencia lleva décadas tratando de imponer: un orden que no se limita a regular relaciones entre Estados, sino que organiza las condiciones mismas bajo las cuales ciertos actores pueden o no presentarse como sujetos políticos legítimos.
Para entender por qué cuarenta y siete años de negociaciones no han producido ningún acuerdo duradero, y por qué la ofensiva de enero de 2026 no es una anomalía sino una continuación, es necesario desplazarse del registro de la coyuntura al de la estructura histórica. Del orden invisible al uso visible de la fuerza Los historiadores del imperialismo han identificado un patrón que se repite con suficiente regularidad: Las potencias hegemónicas en su momento de mayor solidez no necesitan recurrir sistemáticamente a la ocupación directa. Su poder opera a través de mecanismos menos visibles y considerablemente más eficaces: la moneda, el crédito, los tratados comerciales, las élites locales dependientes, las instituciones internacionales que procesan sus intereses particulares como si fueran intereses universales. La violencia existe, pero es preferentemente encubierta, delegada y plausiblemente negable.
Lo que distingue este modo de dominación no es la ausencia de coacción sino su naturalización: la jerarquía se reproduce porque aparece como orden espontáneo, no como imposición. Este orden espontáneo tiene, sin embargo, una arquitectura precisa. No se sostiene únicamente sobre la economía o la fuerza militar; se sostiene sobre la producción de un saber que lo legitima y de una clasificación del mundo que determina qué actores son capaces de gobernarse, qué formas políticas merecen reconocimiento y qué poblaciones pertenecen, por su propia naturaleza, a la esfera de los sujetos tutelados antes que a la de los interlocutores soberanos. Esta operación clasificatoria es la condición de posibilidad del dominio imperial en su fase hegemónica: no hace falta ocupar un territorio si sus élites han internalizado los criterios de legitimidad del centro y aspiran a ser reconocidas por él.
La violencia se desplaza así hacia el interior de las sociedades dominadas, que la ejercen sobre sí mismas en nombre del progreso, la modernización o la inserción en el orden civilizado. La Gran Bretaña victoriana ilustra esta lógica con una claridad que no ha sido suficientemente reconocida. En su fase de mayor expansión, entre 1815 y la década de 1870, Londres no necesitaba plantar su bandera en cada territorio para controlarlo. Le bastaba con controlar los puertos, las rutas comerciales, la deuda y la seguridad marítima.
Era el llamado imperio informal: dominación sin colonización declarada, hegemonía que se reproducía a través de la dependencia estructural antes que a través de la presencia militar permanente. Pero lo que hacía posible ese imperio informal no era solo el poderío naval o la superioridad industrial: era la eficacia con la que el pensamiento liberal británico había logrado presentar sus intereses particulares —el libre comercio, la propiedad privada, la deuda soberana, el parlamentarismo— como los intereses generales de la humanidad en su conjunto. Quien resistía ese orden no resistía a Gran Bretaña; resistía al progreso. Quien lo aceptaba no se sometía; se civilizaba.
La colonialidad del saber (la determinación de qué conocimientos, qué formas políticas y qué modos de ser resultan legítimos y cuáles no), era el verdadero motor del imperio en su momento de plenitud. Lo que cambió después de 1870 no fue la voluntad de dominar sino la capacidad de hacerlo desde la sombra. El ascenso industrial de Alemania y Estados Unidos erosionó la ventaja competitiva británica. Cuando la superioridad económica dejó de ser autoevidente, el andamiaje ideológico que la sostenía comenzó a crujir: si el libre comercio ya no garantizaba que Gran Bretaña fuera siempre la principal beneficiaria, la ficción de su universalidad se volvía cada vez más difícil de mantener.
En ese momento, la respuesta no fue la moderación sino la escalada. La ocupación de Egipto en 1882, el reparto de África en la Conferencia de Berlín, la guerra de los Bóers: cada uno de estos episodios marca el momento en que el orden que antes se reproducía silenciosamente exigió ser impuesto con medios visibles. Esta transición tiene una dimensión que el análisis puramente geopolítico suele pasar por alto. El tránsito de la hegemonía a la dominación coercitiva no es solo un cambio de instrumentos; es un cambio en la naturaleza de la violencia misma.
En la fase hegemónica, la violencia imperial actúa fundamentalmente sobre el ser de las sociedades dominadas: reorganiza sus formas de conocerse a sí mismas, sus criterios de valor, sus aspiraciones políticas, sus concepciones de lo humano. Es una violencia que no se anuncia como tal porque se presenta como educación, como apertura, como incorporación al orden civilizado. Cuando esa violencia difusa deja de producir los efectos requeridos, cuando las sociedades dominadas comienzan a articular demandas que el orden existente no puede procesar sin cuestionarse a sí mismo, la potencia imperial recurre a una violencia de otro orden: la que actúa directamente sobre los cuerpos, los territorios y las instituciones. El recorrido estadounidense reproduce esta secuencia con las variaciones propias del siglo siguiente.
Tras 1945, Washington construyó su hegemonía sobre instrumentos que evitaban la colonización formal pero reproducían con precisión su lógica interna. El dólar como moneda de reserva mundial, el sistema de Bretton Woods, el FMI, el Banco Mundial, la red de bases militares y, cuando fue necesario, la acción encubierta: cada uno de estos mecanismos operaba simultáneamente como instrumento de poder y como dispositivo de clasificación, determinando qué economías eran viables, qué gobiernos eran legítimos, qué modelos de desarrollo eran racionales y cuáles conducían al desorden. El golpe de 1953 en Irán, el de Guatemala en 1954, el de Chile en 1973, no fueron simplemente intervenciones en la política interna de otros Estados: fueron la reafirmación violenta de los límites dentro de los cuales podía ejercerse la soberanía sin consecuencias. Mostraban, con una claridad que no admitía ambigüedad, que la autodeterminación era un principio cuya aplicación dependía de que su ejercicio no contradijera los intereses del centro.
La fractura comenzó a hacerse visible en los años setenta. El colapso de Bretton Woods en 1971, los choques petroleros de la OPEP, la estanflación de 1973-1979, la derrota en Vietnam: cada uno de estos episodios erosionó una capa de la hegemonía norteamericana. La deuda exterior creció hasta convertir al mayor acreedor del siglo XX en el mayor deudor del mundo. Pero más allá de los indicadores económicos, lo que estaba erosionándose era la capacidad del orden norteamericano para presentarse como el horizonte natural de la modernidad: la evidencia de que ese orden producía guerras, dictaduras y subdesarrollo en los territorios que pretendía modernizar hacía cada vez más difícil sostener la ficción de su universalidad.
Cuando el saber que legitimaba la hegemonía pierde credibilidad, la hegemonía misma comienza a depender de otros recursos. La respuesta fue la misma que la de Gran Bretaña cien años antes: cuando el consentimiento se agota, queda la coerción. La doctrina Carter de 1980 tradujo en lenguaje estratégico lo que ya era legible en la estructura. La guerra del Golfo de 1991 fue la primera demostración masiva del nuevo modo operativo: no un golpe encubierto sino una campaña televisada, diseñada tanto para el uso de la fuerza como para su exhibición ante aliados y rivales.
La ocupación de Irak en 2003 completó el arco que se había iniciado en 1953: del operativo de la CIA que depuso a Mosadeq al despliegue de cientos de miles de soldados sobre Bagdad. El trayecto entre ambos momentos no es simplemente el trayecto de una escalada militar: es el trayecto de un orden que ha ido perdiendo progresivamente su capacidad de reproducirse a través del saber, de los mecanismos económicos y del consentimiento de las élites, y que se ve obligado, en consecuencia, a sostenerse cada vez más sobre la violencia directa. Lo que antes operaba como orden naturalizado exige ahora ser impuesto con ostentación creciente. Por qué Irán no puede ser simplemente contenido Dentro de esta lógica, Irán no es un problema periférico que Washington ha gestionado mal durante décadas por insuficiencia táctica o por interferencia de lobbies.
Es el punto donde convergen varias de las ansiedades centrales de la potencia imperial en declive: el control del estrecho de Ormuz, por el que transita una porción sustancial del petróleo mundial; la arquitectura de seguridad del Golfo Pérsico; la credibilidad de las garantías otorgadas a Arabia Saudí e Israel; y, de manera creciente, la contención de China y Rusia, cuyas relaciones con Teherán han adquirido una dimensión estratégica que difícilmente puede reducirse a mera retórica antioccidental. Pero la centralidad de Irán no es únicamente geopolítica. Desde 1979, la República Islámica representa algo que el orden imperial administrado desde Washington encuentra genuinamente perturbador: una formación política que se sostiene en una genealogía propia, que no busca legitimarse en los términos del universalismo occidental, y que ha sobrevivido durante casi cinco décadas fuera del perímetro de conformidad que Washington considera el horizonte natural del mundo. Esto la convierte en algo cualitativamente distinto de un Estado simplemente díscolo.
En la lógica del orden imperial, un actor que existe y persiste en esa posición no representa sólo un desafío estratégico: representa una anomalía que cuestiona la universalidad del propio orden, que demuestra que la salida de ese orden es posible y que hay, por lo tanto, algo más allá de él. Esa demostración es lo que resulta intolerable, más allá de cualquier cuestión concreta. De ahí la razón estructural por la que la cuestión nuclear, los misiles, la política regional y la seguridad del Golfo Pérsico han funcionado durante décadas como pretextos sucesivos sin que ninguno agotara el problema de fondo. Cada vez que uno se acercaba a la resolución, emergía otro.
El patrón no refleja mala fe táctica sino una imposibilidad estructural: el acuerdo que Washington puede ofrecer es precisamente el que Irán no puede aceptar sin renunciar a la condición de sujeto político con intereses propios. El orden que Washington administra no contempla esa condición como legítima para los actores que permanecen fuera de su red. En el mejor de los casos, contempla su absorción; en el peor, su corrección por la fuerza. El paralelismo con Gran Bretaña a finales del siglo XIX no es casual.
Una potencia en declive relativo no se vuelve más moderada a medida que pierde posiciones; con frecuencia se vuelve más errática y más exhibicionista en el uso de la fuerza, porque la fuerza es lo que le queda cuando los mecanismos de hegemonía cesan de producir los efectos esperados. La ocupación de El Cairo en 1882 no fue el signo de una Gran Bretaña en la cima de su poder; fue el signo de una Gran Bretaña que ya no podía gobernar el mundo desde Manchester y necesitaba hacerlo desde el Nilo. Del mismo modo, el ataque a Irán en enero de 2026 no expresa la seguridad de una potencia que controla su entorno; expresa la angustia de una que ha dejado de poder hacerlo de manera invisible. La brutalidad ostentosa es, en la historia de los imperios, uno de los síntomas más fiables de su fragilidad.
Comprender esto no requiere apelar al carácter de ningún presidente ni al poder de ningún grupo de presión. Requiere reconocer que la política exterior de una potencia imperial no es la suma de las decisiones individuales de sus dirigentes sino el producto de estructuras que los trascienden y les imponen sus imperativos. Incluso un presidente que llegó con el eslogan del fin de las guerras actúa, una vez instalado en esa posición, dentro de una maquinaria que le exige exhibición de poder, disciplinamiento del adversario y reafirmación de la jerarquía. La promesa y el resultado no se contradicen: son dos momentos del mismo sistema.
El primero está destinado a la política interior; el segundo, a la gestión del orden mundial. Que ambos puedan coexistir sin que la contradicción resulte insoportable es precisamente una medida de cuánto ha avanzado la naturalización de la guerra como instrumento ordinario de gobierno.