Bloomberg Línea — Las preocupaciones sobre el escenario político y social de Colombia se han desplazado de la incertidumbre electoral hacia los riesgos de una eventual escalada de la tensión social e institucional. Corficolombiana señaló que “las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que cuestionó el proceso electoral y sugirió posibles irregularidades, contrastan con los resultados observados durante las distintas etapas del proceso”. La entidad indicó que existe una elevada coincidencia entre los preconteos, los escrutinios y las revisiones judiciales realizadas hasta ahora. Según la firma, más allá de la discusión política, estas afirmaciones introducen nuevas dudas sobre la legitimidad del proceso electoral y elevan la tensión institucional en un momento especialmente sensible para el país.
A esto se suma un incremento de la movilización política y social que se hizo evidente durante la semana pasada en ciudades como Bogotá y Cali. Corficolombiana recordó que este contexto hace inevitable remitir la mirada hacia los acontecimientos ocurridos durante el estallido social de mayo de 2021. La entidad señaló que aquellos episodios prolongados de conflictividad derivaron en inestabilidad institucional, pérdida del grado de inversión, afectaciones logísticas con impacto inflacionario y pérdidas económicas para el sector empresarial. En ese sentido, la firma sostuvo que Colombia podría pasar de la incertidumbre electoral a los riesgos asociados con la inestabilidad social, un escenario que tendría implicaciones para la gobernabilidad.
Recuerdos de Primera Línea El estallido social de 2021 en Colombia fue una ola de protestas masivas que comenzó el 28 de abril de ese año, inicialmente como rechazo a una propuesta de reforma tributaria presentada por el gobierno del entonces presidente Iván Duque Márquez (2018-2022). Sin embargo, las movilizaciones rápidamente trascendieron ese motivo y se convirtieron en una expresión más amplia de descontento frente a problemas como la desigualdad, el desempleo, la pobreza, el acceso a la educación y la salud, así como la percepción de incumplimientos en la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016. Las manifestaciones se extendieron durante varias semanas en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Además de marchas pacíficas, se registraron bloqueos de vías y concentraciones multitudinarias.
También se produjeron episodios de violencia, enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, actos de vandalismo contra infraestructura pública y privada. El impacto político y social del estallido fue significativo. La reforma tributaria fue retirada y el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó su renuncia. Las protestas abrieron un debate nacional sobre las condiciones económicas y sociales del país, el papel de la fuerza pública y la representación política de los jóvenes.
Para diversos analistas, el estallido social marcó un punto de inflexión en la política colombiana y contribuyó a reconfigurar el escenario electoral que desembocó en las elecciones presidenciales de 2022 que desembocaron en el ascenso de Petro al poder. Conflicto social en suspenso El analista político y gerente de Estrategia & Poder, Carlos Arias, advirtió sobre la posibilidad de un escenario de alta conflictividad social dependiendo del resultado de la segunda vuelta presidencial. “Si sube Abelardo de la Espriella vamos a tener una tensión social inusitada, y creo que nunca vista en Colombia”, afirmó Arias. Según explicó, durante el actual gobierno varias organizaciones indígenas recibieron recursos públicos a través de contratos administrativos y contratación directa, entre ellas el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) y la Unión Nacional Indígena de Colombia (UNIC). Arias sostuvo que esas y otras organizaciones sociales podrían protagonizar movilizaciones, bloqueos de vías y manifestaciones. “Se van a tomar las calles y van a bloquear vías”, señaló.
En su opinión, este tipo de acciones podrían convertirse en una forma de medir las propuestas de autoridad planteadas por De la Espriella y generar un ambiente de alta tensión social. El analista agregó que ese contexto podría prolongarse durante varios meses. “Esto va a generar un clima de tensión social inusitado y va a durar bastante tiempo”, afirmó. También argumentó que los recursos públicos entregados a algunas organizaciones y la vigencia de numerosos contratos de prestación de servicios hasta finales de año podrían contribuir a mantener la movilización social durante un periodo prolongado. Asimismo, Arias vinculó este escenario con lo que considera bajos niveles de ejecución presupuestal en varias entidades estatales. “La ejecución presupuestal del promedio del Gobierno nacional no supera el 40%.
El Ministerio de Igualdad no supera el 15%”, indicó. En su análisis, los meses posteriores a una eventual victoria de De la Espriella serían especialmente complejos. “Esto va a generar una tensión muy fuerte los primeros seis meses a un año”, sostuvo. Incluso resumió su preocupación con una frase contundente: “Le van a incendiar el país”. Arias también expresó dudas sobre el reconocimiento de los resultados electorales en determinados escenarios. “Dudo mucho que Gustavo Petro vaya a reconocer los resultados”, afirmó.
Añadió que, si la diferencia entre los candidatos fuera reducida, “Petro y Cepeda no van a reconocer los resultados”. En un mensaje en X del pasado 7 de junio, Cepeda aceptó los resultados de las elecciones celebradas una semana antes. “En mi condición de candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, comunico a la opinión pública que, una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial”, escribió Respecto a una eventual victoria de Iván Cepeda, el analista consideró que también podrían presentarse manifestaciones sociales, aunque con características distintas. Según explicó, podrían aumentar las ocupaciones de vías, territorios y predios por parte de algunas comunidades, así como acciones que, en su opinión, reflejarían una pérdida de institucionalidad y autoridad. “Va a generarse más caos, porque este Gobierno demostró que se perdió la institucionalidad y se perdió la autoridad”, concluyó Arias.