Por: Iqbal Jassat * El Mundial de la FIFA 2026 ha puesto en evidencia el mito de que los grandes eventos deportivos globales existen al margen de la política. Lo que se presentó como la Copa del Mundo más inclusiva de la historia ha terminado convirtiéndose en una demostración de cómo el poder estatal, el control fronterizo y los intereses geopolíticos prevalecen sobre los principios de igualdad y acceso que los organismos deportivos internacionales afirman defender. En gran parte de la cobertura celebratoria del torneo se omite la creciente lista de jugadores, funcionarios, periodistas, personal de apoyo y aficionados que han enfrentado denegaciones de visado, deportaciones, interrogatorios prolongados, revocación de autorizaciones de viaje y exclusiones administrativas. Mientras la FIFA continúa promoviendo un relato de unidad global, la realidad que enfrentan muchos participantes del Sur Global cuenta una historia muy distinta.
La exclusión del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, la detención e interrogatorio del delantero iraquí Aymen Hussein, la deportación del fotógrafo iraquí Talal Salah, las barreras de visado impuestas a funcionarios y aficionados iraníes, y los retrasos que afectan al personal de la selección sudafricana no son incidentes aislados. Revelan un patrón en el que la movilidad, el acceso y la participación están cada vez más determinados por la alineación geopolítica y no por el mérito deportivo. Quizá el ejemplo más revelador fue el trato a Irán. Mientras la FIFA insiste en que el fútbol debe trascender las disputas políticas, funcionarios, personal técnico y seguidores iraníes se enfrentaron a una serie de restricciones que evidenciaron los límites de ese principio.
Quince miembros del cuerpo directivo, técnico y administrativo de Irán fueron privados o no recibieron visados de entrada, lo que obligó a la selección nacional a operar sin personal clave durante el torneo. Las autoridades del fútbol iraní condenaron las restricciones como discriminatorias, mientras el equipo se vio obligado a establecer su base de entrenamiento en Tijuana, México, y a cruzar la frontera para disputar sus partidos debido a las preocupaciones de visado y seguridad. La exclusión se extendió más allá de los funcionarios del equipo. A los aficionados iraníes se les retiró su asignación oficial de entradas para los partidos del Mundial, impidiendo de facto que miles de seguidores asistieran a los encuentros, pese a las reiteradas afirmaciones de la FIFA sobre inclusión y acceso equitativo.
Las autoridades del fútbol iraní calificaron la medida como contraria al espíritu de la competencia internacional y criticaron duramente a los organizadores por permitir que consideraciones políticas interfieran en el deporte. Lo que hace particularmente revelador el caso iraní es que demuestra cómo el Mundial se ha visto entrelazado con rivalidades geopolíticas más amplias. Las restricciones no pueden entenderse al margen de décadas de hostilidad estadounidense hacia Irán, los regímenes de sanciones y los marcos de seguridad que siguen moldeando la política exterior de Washington. El resultado es un torneo en el que las relaciones políticas determinan cada vez más el acceso, la participación y la representación.
En gran parte de la cobertura occidental se omite que los atletas iraníes recibieron únicamente exenciones limitadas, mientras que sus funcionarios, seguidores y el conjunto de su comunidad futbolística quedaron sujetos a políticas de exclusión plenas. Esto creó un sistema de dos niveles en el que se toleraba la participación en el campo de juego, pero se restringía sistemáticamente la presencia nacional más amplia asociada al equipo. Copa Mundial de la FIFA 2026: Las selecciones asiáticas y africanas parten en fuera de juego en EEUU incluso antes del pitido inicial | HISPANTV A menos de una semana del inicio del Mundial de 2026, organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, una serie de incidentes relacionados con la inmigración y los visados que involucran a equipos asiáticos y africanos, árbitros y aficionados ha planteado serias dudas sobre la capacidad de EE.UU. para actuar como anfitrión neutral y acogedor. Convenientemente ausente de los relatos oficiales es el patrón demográfico que emerge de estas restricciones.
La carga recae de manera desproporcionada sobre países africanos, de mayoría musulmana, Estados sancionados y naciones situadas fuera de la órbita geopolítica preferida de Washington. El resultado es una jerarquía de movilidad en la que el acceso al mayor evento deportivo del mundo está cada vez más determinado por la posición geopolítica y no por la igualdad de trato. Los beneficiarios de este sistema no se limitan a las agencias de inmigración. El torneo se ha convertido en un instrumento a través del cual las doctrinas de seguridad nacional se normalizan dentro de un entorno deportivo global.
Las agencias de control fronterizo, los aparatos de seguridad y los actores políticos se benefician de la incorporación de mecanismos de vigilancia, selección y exclusión en uno de los eventos internacionales más visibles del mundo. La propia FIFA obtiene beneficios financieros al preservar el acceso al lucrativo mercado norteamericano y evitar confrontaciones con el país anfitrión. La contradicción en el corazón del torneo es imposible de ignorar. Los estatutos de la FIFA comprometen a la organización con los derechos humanos y la no discriminación.
Sin embargo, cuando estos principios entran en conflicto con las políticas de un Estado anfitrión poderoso, el organismo rector opta por la acomodación en lugar de la aplicación. Este doble rasero refleja una realidad más amplia dentro de las estructuras de gobernanza internacional: las normas se aplican de forma selectiva; los principios se defienden cuando resulta políticamente conveniente y se abandonan discretamente cuando amenazan intereses poderosos. El problema no es solo la incoherencia de la FIFA, sino la jerarquía de poder que determina cuándo importan los estándares internacionales y cuándo se vuelven negociables. La respuesta de la FIFA contrasta con su tratamiento a otros países.
La organización despojó previamente a Indonesia de los derechos de organización del Mundial Sub-20 tras la oposición local a la participación del equipo israelí, considerada una violación de los principios de no discriminación. Sin embargo, cuando Estados Unidos niega la entrada a un árbitro somalí, restringe delegaciones iraníes e impone barreras a aficionados de países señalados, la FIFA se repliega tras el lenguaje de la soberanía estatal. La inconsistencia expone una realidad más profunda: la no discriminación se aplica con rigor cuando están involucrados Estados débiles; cuando actúa una superpotencia global, las reglas se vuelven flexibles. La cobertura mediática ha desempeñado un papel central en sostener este desequilibrio.
Los principales medios occidentales han enmarcado en gran medida las restricciones como asuntos procedimentales, complicaciones administrativas o medidas de seguridad necesarias. Este enfoque reduce la comprensión pública al tratar cada caso como un hecho aislado, en lugar de reconocer el efecto acumulativo de un sistema diseñado para restringir la movilidad de poblaciones específicas. Mientras tanto, medios africanos, de Asia Occidental e independientes han destacado las implicaciones más profundas. Su cobertura ha subrayado el contraste entre el intenso escrutinio dirigido a anfitriones anteriores como Catar y el relativo silencio en torno a las políticas de exclusión aplicadas durante un torneo organizado por Estados Unidos.
Esta discrepancia revela cómo los guardianes mediáticos suelen reflejar intereses geopolíticos dominantes, amplificando preocupaciones de derechos humanos contra adversarios mientras silencian críticas cuando están involucrados Estados occidentales poderosos. No nos dejemos engañar por este patrón de hipocresía y doble rasero. Las instituciones internacionales proclaman principios universales mientras toleran un trato excepcional para los actores poderosos. Dinámicas similares han caracterizado los debates sobre intervenciones militares, regímenes de sanciones, políticas de ocupación y aplicaciones selectivas del derecho internacional.
Cambian el lenguaje y la geografía, pero la estructura subyacente permanece notablemente constante. El Mundial de la FIFA 2026 demuestra que la neutralidad deportiva ha quedado subordinada a la doctrina de seguridad nacional y al poder geopolítico. Los atletas aún pueden competir en el campo, pero el acceso al torneo depende cada vez más de un sistema de filtrado político, control fronterizo y exclusión estructurada. Lo que se presentó como una celebración de la unidad global se ha convertido en una vitrina de selección geopolítica y acceso condicionado.
El mensaje dirigido a gran parte del Sur Global es inequívoco: la participación sigue siendo condicional, la igualdad sigue siendo selectiva y la inclusión depende de la aprobación política. * Iqbal Jassat es miembro ejecutivo de la Media Review Network, Johannesburgo, Sudáfrica. Texto recogido de un artículo publicado en Press TV