El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) de Nicaragua reestructuró la administración de los activos del Estado. Mediante el Acuerdo Ministerial No. 006-2026, la institución creó el Comité de Bienes del Estado y el Comité Técnico Ad Hoc de Subasta Pública, una medida que busca elevar los niveles de control, transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. La nueva disposición, conocida este martes, establece un marco institucional renovado para gestionar, evaluar y disponer de los activos estatales, prestando especial atención a aquellos que se encuentran en condición de baja, obsolescencia o que están destinados a subastas públicas. El recién creado Comité de Bienes del Estado operará de forma permanente y estará adscrito de manera directa a la Dirección Superior del MHCP, y para garantizar un respaldo integral, estará conformado, por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
Por su parte, la Dirección de Bienes del Estado actuará como la instancia técnica del comité, participando con voz pero sin voto, y será la responsable de presentar los informes y las propuestas operativas. Entre las facultades regulatorias de este nuevo comité destacan la aprobación o rechazo de propuestas de baja o venta de activos, la supervisión de la liquidación de vehículos o chatarra, y la definición de las condiciones para las subastas públicas, exigiendo informes finales tras cada proceso. Para reforzar la cadena de custodia y la transparencia de los procesos, la normativa incorpora al Comité Técnico Ad Hoc. Esta instancia se encargará exclusivamente de la fase preparatoria de las subastas, lo que incluye el levantamiento de expedientes técnicos y la organización de los lotes de bienes.
Al entrar en vigor esta nueva disposición, quedan derogadas las disposiciones anteriores emitidas en el año 2019. Según el texto, esta actualización responde a las nuevas exigencias de control interno, buscando reducir los márgenes de discrecionalidad y asegurar que cada movimiento de activos cuente con un estricto respaldo legal y contable.