Bloomberg Línea — El incremento sostenido de solicitudes de asilo por parte de nicaragüenses ha comenzado a traducirse en más restricciones para ingresar a algunos países. Irlanda impuso el lunes 15 de junio la obligación de visa a los ciudadanos de Nicaragua, siguiendo los pasos del Reino Unido, en un contexto en el que el número de personas que huyen del país centroamericano ha alcanzado cifras cuantiosas, según informes de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y organizaciones de derechos humanos. El informe anual ‘Tendencias en las Américas’ de ACNUR indicó que al cierre de 2025 se registraban 30.000 personas nicaragüenses refugiadas y 264.000 solicitantes de asilo. Con estas cifras, Nicaragua, el norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), además de Colombia, Venezuela y Haití han colocado al continente americano “como la principal región del mundo en las cifras de desplazamiento forzado”, seguida de África Oriental y Meridional, Medio Oriente y el Norte de África.
Respecto a la medida anunciada por Irlanda, su ministro de Migración, Colm Brophy, dijo que busca alinear al país con las prácticas vigentes en el Reino Unido, que desde marzo pasado anunció el requisito de visado para ciudadanos de la nación centroamericana. En ese momento, la ministra del Interior británico, Shabana Mahmood, justificó la decisión al afirmar que el ingreso sin visado se había convertido en una “puerta trasera” al país, ante un notable aumento de peticiones de protección internacional por parte de nacionales de ese país. Según datos oficiales, entre enero de 2022 y diciembre de 2025, 609 nicaragüenses solicitaron asilo en suelo británico, una cifra inusual para una nacionalidad que, años atrás, no representaba un flujo migratorio significativo. El origen del éxodo El endurecimiento de los controles migratorios ocurre en paralelo al agravamiento de la crisis sociopolítica en Nicaragua.
De acuerdo con datos del Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica, más de 800.000 nicaragüenses —el 11,6% de la población— habían abandonado el país desde abril de 2018 hasta diciembre de 2025. La organización señaló que este éxodo supera al registrado durante la guerra civil de la década de 1980 y responde a la falta de libertades, la persecución política y la represión sistemática bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En junio de 2025, el gobierno de Nicaragua anunció su retiro de la ACNUR tras la publicación de un reporte que revelaba que las solicitudes de protección internacional de nicaragüenses se habían quintuplicado entre 2020 y 2024. Las autoridades calificaron el informe de “sesgado” y acusaron al organismo de injerencia en los asuntos internos.
Este aislamiento continuo de los copresidentes ha sido lamentado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien esta semana dijo en Ginebra que “Nicaragua se encuentra sola, al no colaborar en absoluto con el sistema de derechos humanos”, y criticó las políticas represivas del país, ejemplificando la muerte del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, quien murió en custodia del Estado, tras permanecer en situación de desaparición forzada desde septiembre de 2023. Los países europeos no son los únicos que están aplicando nuevas exigencias migratorias. En abril, Nicaragua fue incluida en una lista ampliada de países cuyos ciudadanos están obligados a pagar una fianza de hasta US$15.000 para obtener una visa de Estados Unidos, para una validez máxima de tres meses y de entrada única. Fernández minimiza la crisis Mientras que Costa Rica, donde entre 7% y 10% de la población es originaria de Nicaragua, la presidenta Laura Fernández Delgado generó polémica recientemente al afirmar que los nicaragüenses tienen el gobierno que “han elegido tener” y calificó de “armoniosa dentro de lo que cabe y en mi gobierno seguirá siendo así”.
Sus declaraciones han sido rechazadas por exmandatarios costarricenses como Luis Guillermo Solís y Laura Chinchilla, así como por periodistas y activistas nicaragüenses exiliados, quienes exigen no ignorar las violaciones de derechos humanos de Ortega y Murillo. Los comentarios de la mandataria contrarían además la posición de Estados Unidos, el principal aliado de Costa Rica, que ha tildado a la pareja de copresidentes de dictadores y que a través del secretario de Estado, Marco Rubio, ha remarcado que el régimen nicaragüense constituye “un desafío para la estabilidad hemisférica”.