La Presidencia de la República remitió una propuesta de reformas y adiciones a cinco leyes clave en materia penal, financiera y de seguridad. La iniciativa busca actualizar y perfeccionar el marco jurídico nicaragüense frente a las directrices de los organismos multilaterales y los estándares internacionales de cara a la mitigación de riesgos globales como el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El Junta Directiva del Parlamento envió a la Comisión de Justicia, para el debido dictamen, el cual se discutirá y aprobará este miércoles, las enmiendas modificarán: la Ley de reformas y adiciones contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva; Ley de la Unidad de Análisis Financiero; Código Penal, Código Procesal Penal y la Ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados La iniciativa, presentada este martes en plenario, contempla la ampliación del Consejo Nacional, al cual se integrarán las presidencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión Nacional de Microfinanzas, esto para estrechar la vigilancia sobre sectores considerados clave, tales como abogados, notarios públicos, microfinancieras, casas de empeño y cooperativas de ahorro y crédito que realicen intermediación financiera con activos inferiores a los 100 millones de córdobas. Te puede interesar: Exportaciones de Nicaragua mantienen tendencia positiva y ritmo de crecimiento récord en 2026 Asimismo, la propuesta establece la obligación estricta para fideicomisos, cooperativas y organismos sin fines de lucro de declarar y actualizar anualmente a su “beneficiario final” ante las autoridades correspondientes (tales como el Ministerio del Interior o el Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo) como un requisito indispensable para mantener su personalidad jurídica.
La propuesta presentada, señaló que otro objetivo es combatir el anonimato y la impunidad en el ámbito empresarial, porque la reforma obligará a los socios y accionistas que actúen bajo representación en asuntos societarios a inscribir formalmente sus poderes en el Registro Mercantil. Posteriormente, las sociedades deberán reportar estos cambios en el Registro de Beneficiario Final de sociedades mercantiles. Por otra parte, las modificaciones se adaptan a las nuevas tecnologías financieras. Los entes reguladores exigirán normativas estrictas para rastrear operaciones con tarjetas de crédito, débito o prepago.
En el ámbito judicial, la reforma introduce modificaciones al Código Penal para precisar la clasificación de las penas y redefinir el alcance del decomiso de fondos y bienes, incorporando de forma explícita a las herramientas digitales y activos virtuales dentro de los elementos confiscables. Por último, se adecúan las atribuciones investigativas de la Policía Nacional dentro del Código Procesal Penal.