La medida busca reforzar la lucha contra el crimen organizado en algunas de las zonas más afectadas por la violencia y la actividad de grupos armados vinculados al narcotráfico. La decisión supone una nueva ofensiva del Gobierno ecuatoriano frente al deterioro de la seguridad que atraviesa el país en los últimos años. El decreto amplía las capacidades operativas de la Policía y las Fuerzas Armadas en territorios considerados estratégicos para las organizaciones criminales. Diez provincias y tres cantones quedan bajo el estado de excepción La medida se aplicará en las provincias de Pichincha , Guayas , Manabí , Santa Elena , Los Ríos , El Oro , Esmeraldas , Santo Domingo de los Tsáchicas , Sucumbíos y Azuay .
Asimismo, afectará a los cantones de La Maná , en la provincia de Cotopaxi; Las Naves , en Bolívar; y La Troncal , en Cañar. Estas zonas concentran algunos de los principales focos de actividad de las bandas criminales que operan en Ecuador y que mantienen vínculos con redes internacionales de narcotráfico. El decreto alcanza a territorios donde las autoridades detectan una elevada presencia de organizaciones criminales y rutas utilizadas para actividades ilícitas Registros sin orden judicial e interceptación de comunicaciones Durante la vigencia del estado de excepción quedarán suspendidos los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Esta disposición permitirá a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas realizar registros en inmuebles sin autorización judicial previa cuando existan indicios de que podrían ocultarse integrantes de grupos armados organizados, armas o sustancias sujetas a fiscalización.
Además, las autoridades estarán facultadas para interceptar comunicaciones en el marco de investigaciones relacionadas con el crimen organizado. Indicador Dato Provincias afectadas 10 de las 24 provincias de Ecuador Cantones afectados 3 Duración inicial 60 días Prórroga máxima 30 días adicionales Inviolabilidad del domicilio Suspendida Inviolabilidad de la correspondencia Suspendida Registros sin orden judicial Permitidos Interceptación de comunicaciones Permitida Toque de queda No Las autoridades consideran que estas herramientas permitirán acelerar las operaciones de búsqueda y captura de integrantes de organizaciones criminales. El Gobierno amplía las facultades de actuación de las fuerzas de seguridad para reforzar las investigaciones contra las bandas criminales El decreto permite la incautación temporal de bienes ilícitos La nueva medida no contempla la imposición de un toque de queda, una de las restricciones que sí han formado parte de anteriores estados de excepción en Ecuador. No obstante, el decreto sí autoriza la incautación temporal de bienes de origen ilícito cuando sean estrictamente necesarios para garantizar la continuidad de las operaciones policiales y militares desplegadas en las zonas afectadas.
Según el Ejecutivo, esta capacidad permitirá mejorar la respuesta operativa de las fuerzas de seguridad frente a organizaciones criminales que disponen de amplios recursos logísticos y financieros. Aunque no limita la movilidad ciudadana, el decreto mantiene medidas excepcionales para apoyar las operaciones policiales y militares Ecuador acumula cerca de 900 días bajo estados de excepción El anterior estado de excepción en Ecuador comenzó el 2 de abril y concluyó el 31 de mayo de 2026 tras afectar a nueve provincias del país. Con la entrada en vigor del nuevo decreto, Ecuador acumula cerca de 900 días bajo estados de excepción en los últimos años, una situación que refleja la persistencia de la crisis de seguridad que afronta el país. Contexto reciente de seguridad Dato Inicio del anterior estado de excepción 2 de abril de 2026 Fin del anterior estado de excepción 31 de mayo de 2026 Provincias afectadas entonces 9 Provincias afectadas ahora 10 Duración del nuevo decreto 60 días Días acumulados bajo estados de excepción Cerca de 900 El Gobierno de Daniel Noboa considera que la continuidad de estas medidas extraordinarias es necesaria para contener la expansión de las organizaciones criminales y recuperar el control en las zonas más afectadas por la violencia.