La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) informó que al menos 537 personas han fallecido mientras permanecían bajo custodia del Estado de El Salvador desde la entrada en vigor del régimen de excepción en marzo de 2022. Según los datos recopilados por la organización, la mayoría de las víctimas no se condenó por ningún delito al momento de su muerte. De acuerdo con el informe presentado por SJH, aproximadamente el 94 % de las personas fallecidas no contaba con un perfil vinculado a estructuras pandilleras y permanecía en condición de procesada o detenida mientras avanzaban las investigaciones judiciales. La organización sostiene que estas muertes ocurrieron antes de que existiera una sentencia firme en su contra.
ONG alerta sobre 537 muertes en prisiones de El Salvador La ONG señaló que las principales causas de los fallecimientos estarían relacionadas con presuntos actos de violencia física dentro de los centros de detención y con la falta de atención médica adecuada para los privados de libertad. Estas denuncias se suman a los cuestionamientos que diversos organismos nacionales e internacionales han planteado sobre las condiciones carcelarias y las garantías procesales durante la aplicación de las medidas extraordinarias. Asimismo, organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado al menos 6.889 denuncias por supuestas violaciones de derechos fundamentales desde el inicio del régimen de excepción. Entre los señalamientos figuran detenciones arbitrarias; restricciones al debido proceso, dificultades para acceder a la defensa legal y presuntos abusos cometidos durante los operativos de seguridad.
El régimen de excepción quedó aprobado por la Asamblea Legislativa de El Salvador en marzo de 2022; como respuesta al incremento de homicidios atribuidos a las pandillas. Desde entonces, la medida se ha prorrogado en múltiples ocasiones por el Gobierno del presidente Nayib Bukele; mismo que sostiene que esta estrategia reduce los índices de criminalidad y permite recuperar el control de territorios históricamente afectados por la violencia. Sin embargo, las denuncias de organizaciones humanitarias continúan alimentando el debate sobre el equilibrio entre seguridad pública; y respeto a los derechos humanos en el país centroamericano.