La medida llega tras un repunte de la violencia y pocas horas después de decretar un nuevo estado de excepción. La decisión supone un nuevo giro en la estrategia de seguridad del Gobierno ecuatoriano, que busca reforzar la lucha contra el denominado narcoterrorismo mediante la colaboración con países aliados. Ecuador busca apoyo internacional para combatir la violencia En un mensaje televisado a la nación, Noboa anunció que militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más afectadas por la violencia para colaborar con el denominado Bloque de Seguridad. El mandatario explicó que la decisión es el resultado de meses de trabajo y de contactos internacionales, incluida una reciente reunión en el Pentágono de EEUU.
Según el decreto, el Estado reconoce la existencia de un conflicto armado interno derivado de circunstancias que amenazan la soberanía nacional, la seguridad integral del Estado, el orden público, la paz social y la protección de la población. El Gobierno ecuatoriano permitirá la participación de Estados cooperantes en operaciones destinadas a neutralizar amenazas vinculadas al narcoterrorismo Las Fuerzas Armadas podrán actuar junto a Estados cooperantes El texto establece que las Fuerzas Armadas , la Policía Nacional y los denominados Estados cooperantes deberán ejecutar acciones dirigidas a preservar la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país. Además, el decreto contempla que el personal extranjero que participe en estas operaciones disponga de inmunidad conforme a los acuerdos internacionales suscritos por Ecuador. Medida incluida en el decreto 422 Alcance Reconocimiento de conflicto armado interno Marco jurídico para operaciones de seguridad Participación de Estados cooperantes Apoyo militar y estratégico internacional Inmunidad para personal extranjero Protección bajo acuerdos internacionales Posibles indultos y amnistías Para militares, policías y civiles participantes Coordinación con fuerzas ecuatorianas Operaciones conjuntas contra amenazas internas El presidente aseguró que los grupos criminales se enfrentarán ahora a un país «más fuerte» y respaldado por la cooperación internacional.
Indultos y amnistías para quienes participen en operaciones de seguridad Otro de los aspectos más relevantes del decreto es la posibilidad de conceder indultos, rebajas o conmutaciones de penas a militares, policías y civiles que participen en acciones relacionadas con el conflicto armado interno. Asimismo, el Ejecutivo exhorta a la Asamblea Nacional a aprobar amnistías para este personal. El decreto contempla beneficios jurídicos para militares, policías y civiles que participen en operaciones contra organizaciones criminales La medida busca ofrecer cobertura legal a quienes intervengan en operativos de seguridad en un contexto de creciente violencia ligada al crimen organizado. El nuevo decreto sustituye al emitido en 2024 La nueva normativa, identificada como decreto 422, deja sin efecto el decreto 111 promulgado en 2024, mediante el cual el Gobierno ya había declarado la existencia de un conflicto armado no internacional y catalogado a varias organizaciones criminales como grupos terroristas.
Sin embargo, aquella iniciativa fue cuestionada en varias ocasiones por la Corte Constitucional , que consideró insuficientes los argumentos para acreditar jurídicamente la existencia de un conflicto armado no internacional. A diferencia del texto anterior, el nuevo decreto no menciona expresamente a organizaciones criminales concretas. La nueva declaración llega después de que la Corte Constitucional cuestionara la validez jurídica del decreto aprobado en 2024 La medida coincide con un nuevo estado de excepción La decisión del Gobierno se produce en un contexto de fuerte deterioro de la seguridad. Horas antes, Noboa había declarado un nuevo estado de excepción durante 60 días en diez provincias y tres localidades del país.
Entre los últimos episodios de violencia destaca la balacera registrada el miércoles en el aeropuerto de Guayaquil , donde murió un líder criminal que, según las autoridades, fue atacado por dos menores de edad. La nueva estrategia del Ejecutivo pretende reforzar la capacidad operativa del Estado frente a la expansión de las redes criminales y al aumento de los episodios violentos registrados en distintas regiones del país.