Bloomberg Línea — El expresidente de España y exlíder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), José Luis Rodríguez Zapatero, declaró esta semana ante la Audiencia Nacional en calidad de investigado dentro de la causa conocida como caso Plus Ultra, una investigación que examina una presunta trama de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental relacionada con el rescate público de la aerolínea durante la pandemia. La comparecencia tiene un carácter histórico. Se trata de la primera vez que un expresidente del Gobierno español declara como investigado ante la Audiencia Nacional, uno de los principales tribunales del país para causas complejas de corrupción y crimen económico. Tras más de tres horas de interrogatorio, Zapatero negó cualquier irregularidad y aseguró que nunca intervino para favorecer a Plus Ultra.
El juez José Luis Calama rechazó además la petición de la Fiscalía Anticorrupción para retirarle el pasaporte, imponerle comparecencias periódicas o prohibirle salir de España, aunque decidió mantener abiertas las diligencias que rodean el caso. Qué investiga la Audiencia Nacional La investigación gira en torno al rescate de 53 millones de euros (US$61 millones) concedido a Plus Ultra en 2021 y a una serie de pagos, contratos y movimientos financieros que la Fiscalía y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) consideran necesario esclarecer. Los investigadores intentan determinar si existieron gestiones irregulares para favorecer la aprobación de esas ayudas públicas y si parte de los fondos relacionados con la operación fueron utilizados posteriormente dentro de una estructura de presunto blanqueo de capitales. Según la documentación incorporada al sumario, la Audiencia Nacional analiza pagos por 490.780 euros que Zapatero recibió durante varios años de la consultora Análisis Relevante, propiedad del empresario Julio Martínez Martínez, una de las figuras centrales de la investigación.
La defensa del expresidente sostiene que esos ingresos corresponden a trabajos reales de asesoría y consultoría. Las pesquisas también examinan transferencias realizadas a sociedades vinculadas al entorno familiar del exmandatario y otros movimientos económicos que los investigadores consideran relevantes para reconstruir el flujo del dinero. Qué dijo Zapatero ante el juez Durante su declaración, Zapatero insistió en que nunca utilizó su influencia política para beneficiar a la aerolínea. “Yo no he ejercido ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra”, afirmó ante el magistrado, según los audios de la comparecencia difundidos posteriormente por medios españoles. El expresidente aseguró que nunca habló con ministros, funcionarios o responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sobre las ayudas concedidas a la compañía aérea.
Sí reconoció una gestión concreta: una llamada al entonces vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, para que recibiera a responsables de Plus Ultra. Según explicó, lo hizo a petición de Julio Martínez y se trató únicamente de facilitar un contacto empresarial, sin relación con el rescate público. Zapatero también negó mantener sociedades en el extranjero, participar en estructuras offshore o haber desarrollado actividades empresariales relacionadas con el oro, el petróleo o cualquier otro negocio vinculado a Venezuela. El rescate de Plus Ultra Plus Ultra fue fundada en 2011 bajo la presidencia de Julio Martínez Sola con profesionales procedentes de la desaparecida Air Madrid.
Desde sus inicios, la compañía se especializó en rutas entre España y América Latina, conectando ciudades como Bogotá, Cartagena de Indias, Lima y Buenos Aires con Madrid. Entre sus destinos más relevantes también figuró Caracas, una de las rutas con mayor valor estratégico para la conectividad entre España y Venezuela. Durante la pandemia de covid-19, el transporte aéreo se convirtió en uno de los sectores más afectados por las restricciones de movilidad. En respuesta, el Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha un fondo de apoyo para empresas consideradas estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
A través de ese mecanismo, Plus Ultra recibió 53 millones de euros dentro de un programa de rescates que destinó un total de 839 millones de euros a distintas compañías aéreas. Una parte de esos recursos ya ha sido devuelta por las empresas beneficiarias. La decisión generó controversia desde el principio debido al tamaño relativamente reducido de la aerolínea y a las dudas planteadas por la oposición sobre su importancia estratégica para la economía española. La conexión venezolana Aunque la investigación se desarrolla en España, Venezuela aparece de forma recurrente en el caso.
La aerolínea mantuvo durante años una fuerte presencia en la ruta Madrid-Caracas y varios de los empresarios vinculados a la investigación desarrollaron actividades comerciales relacionadas con el país sudamericano. El componente venezolano adquirió una nueva dimensión en 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción española recibió dos solicitudes de cooperación judicial procedentes de Francia y Suiza. Las autoridades de ambos países investigaban una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales y planteaban la posibilidad de que parte de los fondos relacionados con Plus Ultra hubieran sido utilizados dentro de una estructura internacional de lavado de dinero con ramificaciones en Venezuela. Las solicitudes remitidas por Francia y Suiza no incluían entonces a Zapatero entre las personas investigadas.
Sin embargo, las diligencias desarrolladas posteriormente por la Audiencia Nacional llevaron a ampliar el foco de la investigación y examinar también los pagos, contratos y relaciones empresariales vinculadas al expresidente y a personas de su entorno. Según la hipótesis que manejan los investigadores, parte de los fondos bajo análisis podrían tener su origen en operaciones relacionadas con recursos públicos venezolanos, una línea de investigación que continúa abierta. Reaparece Venezuela El país sudamericano estuvo también presente durante el interrogatorio. En uno de los momentos más comentados de la audiencia, Zapatero comenzó a explicar su papel como mediador internacional en Venezuela y a reivindicar algunas de las gestiones realizadas durante años entre el chavismo y sectores de la oposición.
El juez José Luis Calama interrumpió esa exposición para reconducir el interrogatorio hacia los hechos concretos investigados. Desde que dejó el Gobierno en 2011, Zapatero se convirtió en uno de los interlocutores internacionales con mayor acceso al chavismo y participó en numerosos procesos de negociación con el gobierno de Nicolás Maduro. Esa cercanía le permitió desempeñar un papel relevante en distintas iniciativas de diálogo, aunque también le valió fuertes críticas por parte de sectores de la oposición venezolana. La investigación alcanza a sus hijas La causa dio un nuevo giro apenas un día después de la comparecencia del expresidente.
El juez acordó investigar también a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas de Zapatero, así como a Gertrudis Alcázar, secretaria y colaboradora histórica del exmandatario, tras una petición de la Fiscalía Anticorrupción. La decisión busca esclarecer el papel de WhatTheFav, una agencia administrada por las hijas de Zapatero, y determinar si recibió fondos o participó en operaciones que forman parte de las diligencias judiciales. La ampliación de la investigación confirma que la Audiencia Nacional mantiene abiertas nuevas líneas de trabajo para reconstruir el destino de los fondos y las relaciones empresariales bajo análisis. Un problema para Sánchez Aunque el procedimiento se dirige formalmente contra Zapatero y otros investigados, la evolución del caso tiene una evidente dimensión política.
Durante los últimos años, el expresidente se ha mantenido como una de las figuras más influyentes dentro del entorno socialista y como un interlocutor habitual del Gobierno de Pedro Sánchez en asuntos internacionales, especialmente en América Latina. Por ello, cada avance de la investigación tiene repercusiones directas para el PSOE. La ampliación de la causa a familiares y colaboradores cercanos aumenta además la presión sobre un Ejecutivo que enfrenta otros frentes judiciales y políticos. Mientras Zapatero insiste en que nunca intervino en el rescate de Plus Ultra y que su relación con Venezuela ha sido exclusivamente política, la Audiencia Nacional mantiene abiertas nuevas diligencias para determinar si existieron irregularidades en torno al rescate y al posterior movimiento de fondos investigados.
Con nuevas actuaciones judiciales pendientes, el caso Plus Ultra continúa creciendo tanto en el plano judicial como en el político.