En un comunicado, la organización rechazó la resolución adoptada el pasado 18 de junio, la cual solicita sanciones contra dirigentes cubanos y la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC) entre Cuba y la Unión Europea. La agrupación calificó la iniciativa como una manipulación política y un ejercicio de doble rasero, al tiempo que denunció que el texto ignora deliberadamente el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington, identificado como la principal causa de las dificultades que enfrenta la población de la isla. Asimismo, señaló que el debate que dio origen a la resolución estuvo marcado por una fuerte carga ideológica, impulsada por eurodiputados conservadores y de extrema derecha, algunos vinculados a sectores anticubanos radicados en Estados Unidos, cuyo propósito sería obstaculizar las relaciones entre Cuba y la Unión Europea. La Amcrp también rechazó declaraciones realizadas por el opositor José Daniel Ferrer durante su reciente llegada a la nación canalera, al considerar que no representa a la comunidad cubana residente en ese país.
En otro mensaje, los activistas repudiaron la presencia en Panamá de Rosa María Payá, en su condición de comisionada de Derechos Humanos, durante la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), iniciada este lunes en la capital. De acuerdo con la declaración, Payá mantiene una posición alineada con la política de Washington hacia Cuba y buscaría recabar apoyo entre las delegaciones asistentes para promover el aislamiento político y diplomático de la isla en la región. El texto señala además que, según mensajes divulgados en redes sociales, la activista sondearía respaldos dentro del organismo regional a una eventual agresión militar estadounidense contra Cuba, acciones que —afirman— contradicen los principios que deben regir el sistema interamericano. Los firmantes también cuestionaron el respaldo reiterado de Payá al bloqueo estadounidense y a la política de máxima presión contra la nación antillana, incluida la aplicación de medidas dirigidas al sector energético cubano.
A juicio de la Asociación, esas posturas y su apoyo a organizaciones, cuyo objetivo declarado es modificar el orden constitucional de Cuba, responden a una agenda política de carácter injerencista y no a la defensa de los derechos humanos. Por último, exhortaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a pronunciarse sobre el tema y adoptar medidas que preserven la credibilidad del sistema interamericano, evitando que sea utilizado para promover acciones de desestabilización contra Estados soberanos, particularmente contra Cuba. npg/ga