Bloomberg Línea — Honduras busca detener la “hemorragia” causada por su deficitaria empresa estatal de electricidad mediante una reforma orientada a su reestructuración, pero que levanta suspicacias entre la sociedad civil por el riesgo de una privatización indirecta. El Congreso Nacional debate actualmente la reforma energética que busca reducir las pérdidas técnicas y no técnicas del sistema eléctrico de más del 38%, lo que equivale a una fuga de unos 18.000 millones de lempiras (HNL), US$730 millones, anuales. Esta situación, según las autoridades, se traduce en un fuerte endeudamiento estatal, déficit crónico, apagones frecuentes y el desvío de recursos públicos hacia subsidios energéticos, restándole espacio fiscal a áreas como salud, educación y seguridad. El lunes, durante su participación en la 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Panamá, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, reiteró a medios de comunicación que la estatal eléctrica es un patrimonio que debe ser ordenado. “Le pedí a todos los diputados que me apoyaran con la ley.
Honduras realmente se está realmente desangrando con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Debemos de cambiarla, debemos de aceptar ese reto”, agregó el mandatario. La iniciativa plantea reorganizar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), mediante su división en tres empresas, dedicadas a la generación, transmisión y distribución de energía, y para calmar las aprehensiones, el texto dictamina que los bienes de las centrales hidroeléctricas pasarán a ser de dominio público, inembargables e intransferibles, y que cualquier modificación en la estructura de las nuevas subsidiarias necesitará la aprobación del Congreso. El gabinete económico de Asfura ha salido de forma reiterada a desmentir que la reforma implique la venta de la empresa.
El secretario de Finanzas, Emilio Hércules, dijo que el avance de esta reforma es parte de los “medidores” que pide el Fondo Monetario Internacional (FMI) para superar la cuarta y quinta revisión del programa financiero, prevista para el 29 de junio en Washington, y así “tener acceso a recursos frescos”. En tanto, el presidente del CN, Tomás Zambrano, el objetivo es “poner orden” en un sistema que acumula distorsiones acumuladas durante años, donde “la energía se está produciendo más barata, pero termina llegando más cara a los consumidores”. Apoyo internacional y críticas El proyecto cuenta con el respaldo explícito de los principales organismos multilaterales. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la CAF emitieron un comunicado conjunto valorando los esfuerzos por mejorar la eficiencia y atraer inversiones. “Resulta prioritario expandir y modernizar la red de transmisión y distribución para mejorar la calidad y continuidad del servicio en todo el país, además de avanzar en una gestión más sostenible del sector público energético, manteniendo su carácter estatal”, dijeron.
El Departamento de Estado de Estados Unidos también celebró la iniciativa por considerar que abrirá oportunidades para la inversión energética. Sin embargo, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) advirtió en un análisis reciente que la discusión no debe limitarse a si se vende o no la empresa. El tanque de pensamiento con seden en Tegucigalpa señaló en un análisis reciente que, al cambiar el régimen jurídico de los bienes de la ENEE (de administrativo a mercantil) y crear las subsidiarias, se abre la puerta a una “privatización funcional o concesional”, donde el Estado mantiene la propiedad nominal, pero delega la operación y el control a operadores privados mediante contratos a largo plazo. Además, alertó sobre el riesgo de “privatizar los beneficios y socializar las pérdidas”, recordando experiencias pasadas en el país con alianzas público-privadas que derivaron en obligaciones fiscales onerosas.
Por otra parte, la organización subrayó que la falta de mecanismos explícitos en el proyecto para proteger a los hogares de menores ingresos frente a posibles incrementos tarifarios si se eliminan los subsidios cruzados actuales. Para el Fosdeh, el éxito de la reforma no podrá medirse solo por la reducción del déficit financiero, sino por si logra mantener la energía como un servicio accesible, sin que las familias deban elegir entre pagar la luz o comprar alimentos.