La resolución, aprobada por seis votos contra tres, habilita al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a poner fin con rapidez al Estatus de Protección Temporal (TPS), programa que ampara a unos 1,3 millones de migrantes de 17 países frente a la expulsión del territorio estadounidense. Se trata de otro punto a favor ante el máximo tribunal para la ofensiva contra la inmigración impulsada por el presidente republicano, quien en enero de 2025 regresó a la Casa Blanca y desde entonces el DHS canceló protecciones vigentes por más de una década para nacionales de 13 países. La mayoría conservadora determinó que las autoridades migratorias poseen autoridad exclusiva sobre el programa y que la ley impide la intervención de los jueces en esa materia. De acuerdo con un reporte de la agencia AP, el juez Samuel Alito desestimó los argumentos que señalaban comentarios despectivos de Trump contra los haitianos como evidencia de prejuicio ilegal, al considerarlos «insuficientes para demostrar que la terminación del TPS se basó en la raza del pueblo haitiano».
La jueza Elena Kagan discrepó enérgicamente al calificar las declaraciones del mandatario como «tan repulsivas y tan manchadas de tintes raciales que la mayoría se niega a ponerlas por escrito», y recordó que Trump afirmó que los haitianos «probablemente tienen SIDA» y amplificó falsos rumores sobre esa comunidad en Ohio. Abogados de los inmigrantes haitianos advirtieron que el fallo pondrá en peligro a miles de personas. «En pocas palabras, el fallo de la Corte Suprema resultará directamente en que miles de personas inocentes mueran muertes violentas e innecesarias», señalaron los letrados Geoff Pipoly y Andy Tauber, quienes instaron al Senado a aprobar una extensión de las protecciones ya avalada por la Cámara de Representantes. Viles Dorsainvil, director de un centro de apoyo para haitianos en Springfield, Ohio, expresó que «las familias están aquí, los niños van a la escuela, los padres van al trabajo… y es como si la Corte Suprema simplemente hubiera puesto todas esas actividades en pausa y dejado a la gente en el limbo». Por su parte, Derrick Johnson, presidente de la NAACP, calificó la decisión como «una devastadora traición a las familias haitianas» expulsadas «en base a un sentimiento anti-negro».
James Percival, asesor jurídico del DHS, aplaudió el fallo al considerar que el TPS se había convertido en una «amnistía de facto», mientras las autoridades federales negaron cualquier sesgo y citaron un precedente del primer mandato de Trump que mantuvo vigente la prohibición de viaje a países de mayoría musulmana. El TPS, creado por el Congreso en 1990, concede permisos de trabajo por hasta 18 meses a nacionales de países afectados por desastres naturales o conflictos civiles, sin ofrecer vía hacia la ciudadanía. Haitianos y sirios reciben esta protección desde 2010 y 2012, respectivamente, pese a que abogados advirtieron que cuatro mujeres haitianas deportadas en febrero fueron halladas decapitadas meses después. ro/lld