La medida afecta directamente a miles de niños nacidos en suelo estadounidense o residentes desde su infancia, alertan organizaciones de defensa de los derechos civiles, como la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP). El presidente de esa entidad, Derrick Johnson, calificó la medida de “devastadora traición” que coloca a los infantes en un estado de vulnerabilidad extrema, toda vez que la salida forzosa de los padres genera traumas psicológicos duraderos en los niños. De acuerdo con diversos analistas, citados por la prensa estadounidense, la incertidumbre migratoria afecta el rendimiento escolar y la salud mental de los menores, quienes temen constantemente por la estabilidad de su hogar. En muchos casos, los niños afectados son ciudadanos estadounidenses por nacimiento.
Al ser deportados sus padres, estos menores se enfrentan a la disyuntiva de quedarse solos en el país bajo tutela estatal o abandonar sus estudios y entorno social para acompañar a sus familias a naciones como Haití, donde la violencia es endémica. Abogados de inmigración, como Geoff Pipoly y Andy Tauber, han advertido que el fallo de la Corte Suprema «resultará directamente en que miles de personas inocentes mueran», incluyendo a los menores que dependen de la protección de sus padres. La falta de vías legales claras para regularizar la situación de estos niños agrava su riesgo. La fuerza laboral también se ve impactada, lo que indirectamente afecta a los niños.
Rita Siebenaler, residente de una comunidad de adultos mayores en Virginia, destacó que los haitianos con TPS son clave en el cuidado de ancianos. La pérdida de estos empleos por deportación reduce los ingresos familiares, limitando el acceso de los niños a recursos básicos y educativos. El Departamento de Seguridad Nacional, bajo la administración Trump, ha argumentado que el TPS se convirtió en una «amnistía de facto», ignorando el hecho de que muchos de estos niños han crecido integrados en la sociedad estadounidense. En ese contexto, el asesor jurídico del departamento, James Percival, celebró el fallo como una victoria para el «estado de derecho», sin considerar el costo humano para la niñez.
La historia del TPS muestra que estas protecciones se otorgaron debido a condiciones inseguras en los países de origen. Haití recibió el estatus en 2010 tras un terremoto catastrófico, y Siria en 2012 durante su guerra civil. Deportar a los padres significa enviar a los niños a entornos donde, según documentos judiciales, incluso adultos deportados recientemente han sido víctimas de violencia extrema, como decapitaciones. Ante este panorama, los defensores de los derechos humanos instan al Senado estadounidense a aprobar extensiones de protección, una medida ya avalada por la Cámara de Representantes en abril.
Sin embargo, mientras la política migratoria se endurece, miles de niños en Estados Unidos permanecen a la espera de un futuro que la justicia acaba de complicar drásticamente. ro/lld