Brasil enfrenta una situación fiscal que podría agravarse en los próximos años si no avanza en una nueva ronda de reformas estructurales, según un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea. De acuerdo con ese trabajo, de mantenerse las actuales reglas de gasto público y el elevado costo del financiamiento, la deuda pública podría escalar hasta el equivalente al 105% del Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2030. El informe señala que el principal desafío para el gobierno que asuma el 1 de enero de 2027 será recuperar la credibilidad fiscal y modificar los mecanismos que impulsan el crecimiento automático del gasto público. Según el mismo estudio, de no hacerlo, el incremento de la deuda afectaría la inversión privada y el crecimiento de la economía.
Una crisis que todavía no se percibe El trabajo fue elaborado por el argentino Jorge Vasconcelos, economista jefe del IERAL, y define el escenario actual como una crisis “asintomática”. Según el informe, a diferencia de otros episodios de deterioro macroeconómico, el desequilibrio fiscal convive con indicadores de corto plazo que muestran una economía aún sólida desde la perspectiva de parte de la población. El documento detalla que, desde el inicio del tercer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, la tasa de desempleo descendió del 9,5% al 5,5%, mientras que la deuda pública bruta pasó del 71% a casi el 83% del PIB. “Si el gobierno que asuma el 1ro de enero de 2027 no logra desindexar el gasto público y recuperar credibilidad fiscal, con el nivel actual de las tasas de interés, la deuda pública alcanzaría el equivalente a 105% del PIB hacia 2030, una trayectoria que, en el camino, tendría efectos demoledores sobre los proyectos de inversión del sector privado”, alerta Vasconcelos. El aumento del endeudamiento es atribuido en el escrito a un gasto público que, según sus cálculos, crece en términos reales a un ritmo acumulativo del 5,1% anual desde 2022, y a un costo financiero de la deuda equivalente a ocho puntos del PIB por año.
El estudio puntualiza que, en ese contexto, el problema fiscal no ocupa un lugar central en la agenda pública. Según encuestas citadas en el trabajo, las principales preocupaciones de la población son la corrupción, el crimen, la violencia, la salud y la educación. El riesgo de llegar tarde a las reformas De acuerdo con la Fundación Mediterránea, la principal diferencia con la situación de hace una década es el contexto en el que se desarrolla el deterioro fiscal. El think tank argentino recuerda que las reformas laboral y de control del gasto impulsadas durante el gobierno de Michel Temer fueron posibles tras la profunda recesión que siguió al final de la gestión de Dilma Rousseff, período en el que el PIB acumuló una caída del 5,2%.
Tal como ese desprende del documento, ese contexto de crisis explícita facilitó el consenso político para implementar reformas estructurales. Por otro lado, el trabajo estima que esas reformas explican buena parte de la diferencia que Brasil acumuló frente a Argentina en términos de crecimiento económico y generación de empleo desde entonces. En contraste, el informe advierte que en la actualidad el deterioro fiscal avanza sin una crisis económica visible, lo que reduce los incentivos políticos para impulsar nuevas reformas. Un Congreso clave desde 2027 El estudio señala que el Congreso tendrá un rol determinante a partir del 1 de enero de 2027, independientemente del presidente electo.
De acuerdo con el informe, muchas de las reformas necesarias requieren modificaciones constitucionales mediante Propuestas de Enmienda Constitucional (PEC), que necesitan el respaldo de tres quintos de los votos en ambas cámaras. El documento enumera como reformas relevantes la desindexación del gasto público, la revisión del vínculo entre jubilaciones y salario mínimo, la eliminación de asignaciones obligatorias de recursos tributarios a partidas específicas, la focalización del gasto social y la reducción de subsidios y beneficios tributarios. Tasas altas y menor inversión Asimismo, este trabajo de análisis macro encuentra un círculo vicioso en la macroeconomía brasileña, ya que si el gasto continúa creciendo automáticamente, la falta de credibilidad fiscal mantendría elevadas las tasas de interés reales con las que el Estado refinancia su deuda. El documento indica que esas tasas se ubican actualmente por encima del 7% anual, y cerca del 9,6% anual si se calcula la diferencia entre la tasa SELIC y la inflación.
Y sostiene que este nivel de tasas desalienta la inversión privada y limita el crecimiento de la productividad. Aunque el PIB de Brasil creció alrededor del 3% anual desde la pandemia, el trabajo señala que la productividad laboral avanzó apenas un 0,3% anual acumulativo. El escenario alternativo En el escrito se citan estimaciones del Centro de Debate de Políticas Públicas (CDPP), según las cuales un programa de reformas que transforme el actual déficit primario de 0,5% del PIB en un superávit cercano al 3% permitiría estabilizar la deuda pública en torno al 80% del PIB durante la próxima década. Según esas proyecciones, ese ajuste también permitiría reducir significativamente las tasas reales de interés, acercando el escenario a niveles similares a los observados al final del gobierno de Temer, cuando habrían descendido hasta aproximadamente el 2,5% anual.
De acuerdo con la Fundación Mediterránea, el desafío consiste en avanzar en esas reformas antes de que el deterioro fiscal deje de ser “asintomático” y pase a convertirse en un problema explícito de la economía.