El paquete de 176 reformas aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) introduce cambios estructurales en el mapa empresarial de la isla. La transformación de empresas estatales en sociedades por acciones, el fin de los topes al sector privado y la apertura a inversores de la diáspora marcan un punto de inflexión en el modelo socialista. La Asamblea otorgó luz verde a un conjunto de reformas que redibujan el mapa de la propiedad y la gestión empresarial en Cuba. Las medidas, aprobadas en el marco de un paquete de 176 disposiciones, buscan dotar de mayor flexibilidad a un modelo económico que, según reconocieron las propias autoridades, necesitaba cambiar todo lo que tiene que ser cambiado para hacer frente a la crisis más profunda de este siglo.
Uno de los cambios de mayor calado afecta directamente al corazón del sector estatal. Las reformas contemplan la posibilidad de convertir empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones o participaciones, un mecanismo que introduce criterios de gestión empresarial en un tejido industrial hasta ahora regido por la planificación centralizada. Según lo expuesto por las autoridades en la sesión parlamentaria, el Estado mantendría participación mayoritaria únicamente en aquellos sectores considerados estratégicos para el desarrollo nacional, mientras que en el resto de la economía definiría su peso accionario con mayor flexibilidad. El proceso se complementa con la creación de procedimientos para la quiebra, liquidación y reestructuración de empresas, algo hasta ahora ausente en el ordenamiento jurídico cubano, lo que introduce por primera vez mecanismos de Salida para entidades inviables.
Las reformas autorizan, además, la creación de empresas privadas sin límite de tamaño, eliminando el tope de 100 empleados que regía para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) desde su legalización en 2021. Tal medida, junto a la autorización para que los cubanos posean más de una empresa, supone una expansión sin precedentes del sector privado en la isla. Las medidas también abren la puerta para que personas jurídicas y naturales, tanto nacionales como extranjeras, puedan adquirir acciones de empresas estatales, así como participar en la compra de activos públicos, siempre que se acredite el origen lícito de los fondos. El gobierno anunció la puesta en marcha de un programa de inversiones específicamente diseñado para facilitar esta participación.
Uno de los cambios más comentados atañe a los cubanos residentes en el exterior, que por primera vez podrán invertir en empresas privadas y cooperativas dentro del país, algo que hasta ahora solo era posible en alianzas con el Estado. Según informó el Ministerio de Comercio Exterior, los cubanos sin residencia efectiva en la isla podrán: asociarse con empresas privadas cubanas al amparo de la Ley de Inversión Extranjera, y ser socios o propietarios de empresas privadas, siempre que obtengan la condición migratoria de inversores y de negocios. También podrán participar en el sistema financiero, con posibilidad de abrir cuentas en divisas en bancos cubanos, y crear fondos de inversión y cooperación para el desarrollo de proyectos en el territorio nacional. El viceprimer ministro cubano Oscar Pérez-Oliva Fraga destacó oportunamente que esta apertura no se limita únicamente a pequeños negocios, sino que los cubanos en el exterior podrán involucrarse también en proyectos de mayor escala, incluidos emprendimientos vinculados a infraestructuras. to/rfc