Bloomberg — La Administración Trump está intensificando sus esfuerzos para reducir la burocracia en todo el Gobierno federal, con la publicación de un plan normativo que eliminaría 702 normas administrativas vigentes. Las reducciones publicadas el viernes establecen un récord en cuanto al número de medidas desreguladoras que se están barajando en un plan semestral de la Casa Blanca. Además, supone aproximadamente el doble de las que estaban en marcha en cualquier momento dado durante el primer mandato presidencial de Donald Trump y se suma a las 752 medidas de desregulación de este tipo finalizadas o completadas desde el inicio del actual ejercicio fiscal del Gobierno federal, que comenzó el 1 de octubre de 2025. Entre las medidas que la Administración tiene previsto eliminar antes de que finalice el ejercicio fiscal en septiembre se encuentran: los requisitos de evaluación medioambiental para proyectos energéticos, las normas de eficiencia energética y las normas que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión.
En total, la Administración prevé un ahorro de US$1,5 billones para la economía gracias a todas las regulaciones que tiene previsto derogar antes de finales de septiembre. La mayor parte de los ahorros previstos proviene de una única medida que sustenta las políticas climáticas de los presidentes Barack Obama y Joe Biden: la derogación de la “declaración de peligro” de 2009, según la cual los gases de efecto invernadero suponen una amenaza para la salud y el bienestar humanos. Trump ha afirmado que las políticas de emisiones que esa declaración hizo posibles costarían a la economía US$1,3 billones. Sin embargo, los grupos liberales han cuestionado el ahorro previsto por la Administración a raíz de la reducción de las normativas, argumentando que el análisis no tiene plenamente en cuenta los beneficios de las normativas medioambientales, de seguridad y de protección del consumidor.
Este plan es solo la segunda agenda de este tipo que la Casa Blanca ha publicado hasta la fecha en el segundo mandato de Trump, después de que la Administración se saltara la publicación prevista para el otoño pasado. También incluye la labor de docenas de organismos que anteriormente promulgaban y aplicaban normas con independencia de la Casa Blanca. El pasado lunes, el Tribunal Supremo puso fin a esa independencia al dictaminar que el presidente tiene la facultad de destituir a los responsables de dichas agencias a su antojo. Ahora, dichas agencias están obligadas a coordinar sus normativas con la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios, que forma parte de la oficina presupuestaria de la Casa Blanca.
La Casa Blanca invocó la Declaración de Independencia al publicar el informe en un día festivo federal para conmemorar el aniversario de la nación. «El presidente Trump está mejorando la vida de los estadounidenses más allá del ahorro económico. El Gobierno federal ha impuesto restricciones onerosas en todo, desde los coches que los estadounidenses pueden conducir hasta los electrodomésticos que pueden utilizar en sus hogares», escribió Mark Paoletta, quien ejerce como máximo responsable regulador de la Administración. En una de sus primeras órdenes ejecutivas desde su regreso al cargo, Trump ordenó a las agencias que derogaran diez normativas por cada nueva medida. Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que se esperaba que el plan regulador cumpliera ese objetivo este año, pero que no se dispondría de un recuento completo de las medidas definitivas hasta después de que finalizara el ejercicio fiscal.
Muchas de las nuevas medidas tienen su origen en la ley “One Big Beautiful Bill”, que Trump firmó un año antes. El Departamento del Tesoro está estudiando normas sobre la tributación de los fondos de dotación de las universidades y cambios en el tratamiento de los costes de investigación y desarrollo, la amortización acelerada y los límites a las deducciones de intereses empresariales. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo está tomando medidas para eliminar un criterio de larga data relativo al “impacto desigual” a la hora de demostrar la discriminación racial. Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos está aplazando sus planes de regular el envasado de alimentos para exigir que los datos nutricionales sean más visibles.
No obstante, la Administración propone una serie de nuevas regulaciones en el plan, entre las que se incluyen: - Una norma sobre «carga pública» que privaría a los inmigrantes indocumentados de todas las prestaciones federales. - Una ampliación de las comprobaciones de antecedentes para los ciudadanos extranjeros que trabajen en el sector del transporte. - Normas de la Comisión Federal de Comercio para combatir las prácticas engañosas en el sector del alquiler de viviendas. Lee más en Bloomberg.com