La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que no aceptará ninguna extradición sin pruebas suficientes. El Gobierno mexicano ha decidido dar un paso hacia una mayor transparencia en materia de cooperación judicial con Estados Unidos al anunciar que difundirá la información relacionada con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición formuladas por Washington. La medida llega en un momento de creciente tensión diplomática entre ambos países por las acusaciones de narcotráfico y presuntos vínculos con el crimen organizado dirigidas contra varios responsables políticos mexicanos. La Cancillería promete transparencia El Ministerio de Exteriores informó a través de sus redes sociales de que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y en respuesta a diversas solicitudes de acceso a la información, hará públicos los datos relativos a las peticiones de extradición presentadas por Estados Unidos.
México asegura que divulgará la información sobre las solicitudes de extradición, aunque mantendrá bajo reserva las notas diplomáticas vinculadas a procesos judiciales La Cancillería precisó que la única excepción serán las notas diplomáticas relacionadas con expedientes judiciales, ya que, por su naturaleza, están sujetas a reserva legal. «Nuestro compromiso es con la transparencia», subrayó el Ministerio en su comunicado. Sheinbaum rechaza extradiciones sin pruebas La decisión coincide con la postura expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha dejado claro que su Gobierno no entregará al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni a ningún otro funcionario señalado por Estados Unidos mientras no existan pruebas que respalden las acusaciones. Entre las personas reclamadas también figuran el fiscal adjunto de Sinaloa, Dámaso Castro, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez. El Ejecutivo mexicano sostiene que cualquier petición de extradición debe estar respaldada por pruebas sólidas y respetar el debido proceso Sheinbaum ha defendido que la cooperación bilateral en materia de justicia debe desarrollarse dentro del marco legal y con pleno respeto a la soberanía del país.
México denuncia una posible injerencia política Desde el Gobierno mexicano consideran que las solicitudes de extradición contra altos cargos de Sinaloa podrían responder a un intento de Washington de influir en la política interna del país. El Ejecutivo interpreta estas actuaciones como una posible injerencia en los asuntos nacionales con vistas al proceso electoral previsto para 2027, por lo que insiste en que cualquier actuación deberá sustentarse en evidencias y ajustarse a los procedimientos legales establecidos.