Bloomberg Línea — El gobierno de Abelardo De la Espriella enfrentará el reto de ajustar las finanzas públicas en un presupuesto cuya capacidad de recorte depende menos de su tamaño y más de la naturaleza jurídica de cada partida. Un análisis de Corficolombiana, la corporación financiera del Grupo Aval, sostiene que, aunque existe margen para reducir el gasto, ese espacio no está distribuido de manera uniforme y requiere identificar con precisión cuáles rubros pueden modificarse y cuáles cuentan con protecciones constitucionales o legales que limitan cualquier ajuste. “La administración del presidente De la Espriella enfrentará una delicada situación fiscal. Las finanzas públicas requieren ajustes urgentes para garantizar la sostenibilidad de la deuda y reducir la presión asociada al pago de intereses en los próximos años”, señaló Corficolombiana. La entidad recordó que el debate ha cobrado fuerza luego de que el próximo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, planteara la necesidad de un recorte cercano a COP$60 billones en el Presupuesto General de la Nación (PGN). “Lo que queremos evitar es el impacto sobre las poblaciones menos favorecidas.
Es no tocar esos sectores de los subsidios”, dijo el ministro de Hacienda entrante. A esto agregó que ese monto corresponde a una cifra que esté alrededor del 3% del PIB, pues es una cifra que debe ser un objetivo del Gobierno próximo. Es decir, unos COP$60 billones”, dijo. De acuerdo con Corficolombiana, una de las ideas más repetidas es que el presupuesto nacional es altamente inflexible.
Estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF, 2025) y del propio Ministerio de Hacienda sitúan esa inflexibilidad cerca del 90%. “Pero responder qué tan ajustable es realmente el presupuesto exige ir más allá de esa visión agregada. No todas las apropiaciones presupuestales enfrentan las mismas restricciones ni están sujetas al mismo grado de rigidez jurídica”, indicó Corficolombiana. El documento agrega que la posibilidad de reducir el gasto no depende únicamente de la voluntad política del gobierno. “También está determinada por la estructura del gasto y por las restricciones jurídicas que respaldan cada apropiación”, afirmó Corficolombiana. Por esa razón, el estudio se concentra en analizar los gastos de funcionamiento del presupuesto de 2026 para identificar el margen de maniobra disponible dentro del marco jurídico vigente.
El Presupuesto General de la Nación para 2026 asciende a COP$546,9 billones. De ese total, el 65% corresponde a gastos de funcionamiento, equivalentes a COP$358,1 billones; el 18% al servicio de la deuda, por COP$100,4 billones; y el 16% a inversión, con COP$88,4 billones. Según Corficolombiana, comprender esa composición es fundamental para evaluar cualquier ajuste fiscal, ya que los gastos de funcionamiento representan cerca de dos terceras partes del presupuesto. El análisis también señala que el gasto de funcionamiento no está compuesto principalmente por burocracia estatal. “Cerca de tres cuartas partes de este componente corresponden a transferencias corrientes (COP$270 billones), mientras que el funcionamiento sin transferencias representa una fracción mucho menor del total (COP$88,1 billones)”, indicó Corficolombiana.
Además, señaló que desde la pandemia estos gastos han aumentado 56%, impulsados principalmente por un crecimiento de 64% en las transferencias corrientes entre 2019 y 2026. Para establecer el margen de maniobra, Corficolombiana revisó de manera individual los 2.265 rubros presupuestales que conforman los gastos de funcionamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026. “Esta revisión debe entenderse como una primera aproximación orientada a caracterizar el grado aparente de rigidez normativa de cada rubro a partir de la información disponible y no pretende sustituir los análisis jurídicos específicos que podrían requerirse para evaluar eventuales ajustes”, explicó la entidad. A partir de esa revisión, los rubros fueron clasificados en cuatro categorías de acuerdo con el respaldo jurídico que tienen y la complejidad normativa que implicaría modificarlos: rigidez legal alta, Sistema General de Participaciones (SGP), rigidez normativa revisable y ajuste administrativo. “La clasificación tiene un enfoque jurídico y busca aproximarse al grado de flexibilidad normativa existente para realizar ajustes presupuestales. Por tanto, no incorpora restricciones políticas, operativas, contractuales o administrativas que eventualmente podrían limitar su implementación”, precisó Corficolombiana.
La categoría de mayor rigidez corresponde a rubros respaldados por mandatos constitucionales, derechos adquiridos u obligaciones legales de alta complejidad jurídica. Estos recursos suman COP$138,9 billones, equivalentes al 38,8% de los gastos de funcionamiento. Entre ellos se encuentran el aseguramiento en salud y la financiación de pensiones del Régimen de Prima Media. Por su parte, los recursos correspondientes al Sistema General de Participaciones ascienden a COP$88,4 billones, equivalentes al 24,7% de los gastos de funcionamiento.
Corficolombiana explicó que, aunque presentan el mismo grado de rigidez jurídica que la primera categoría, fueron analizados de manera independiente por su relevancia económica y política. En conjunto, ambas categorías suman COP$227,3 billones, es decir, el 63% de los gastos de funcionamiento. “Este resultado sugiere que una proporción significativa de los recursos de funcionamiento está respaldada por disposiciones constitucionales y legales que limitan su modificación en el corto plazo”, indicó Corficolombiana. La tercera categoría corresponde a las apropiaciones sujetas a revisión normativa. Estos recursos ascienden a COP$44,6 billones y representan el 12,5% de los gastos de funcionamiento.
Según el análisis, su modificación depende del contenido específico de las normas que respaldan cada apropiación. “En algunos casos ello podría implicar ajustes graduales dentro del PGN; en otros, modificaciones legales aprobadas por el Congreso para redefinir la obligación presupuestal”, señaló Corficolombiana. El mayor margen de maniobra jurídica identificado en el estudio corresponde a la categoría denominada ajuste administrativo. Allí se ubican recursos por COP$86,6 billones, equivalentes al 24,1% de los gastos de funcionamiento. “Esto no significa que estos rubros puedan eliminarse por completo, pero sí que, de acuerdo con esta revisión, enfrentarían menores barreras normativas para introducir ajustes en el corto plazo sin requerir necesariamente surtir un proceso legislativo”, afirmó Corficolombiana. Dentro de esa categoría, el principal rubro corresponde a los gastos de planta de personal, que ascienden a COP$66 billones.
Sin embargo, Corficolombiana aclaró que su inclusión en este grupo “no implica desconocer las restricciones laborales, prestacionales, de carrera administrativa, continuidad del servicio o de funcionamiento de las entidades”. El análisis también identifica como relevante el rubro denominado “Otras transferencias – Distribución previo concepto DGPPN”, el cual ha operado como una reserva presupuestal centralizada para atender necesidades de personal durante la vigencia. Según Corficolombiana, al no contar con un blindaje legal específico, “podría ser objeto de ajustes parciales”, aunque también podría utilizarse para atender obligaciones respaldadas por normas de mayor jerarquía. En sus consideraciones finales, Corficolombiana sostuvo que la discusión sobre el ajuste fiscal no puede responderse únicamente desde una visión agregada del presupuesto. “Si bien una parte importante de los gastos de funcionamiento enfrenta restricciones jurídicas significativas, los distintos rubros presentan grados de flexibilidad muy diferentes y, por tanto, márgenes de maniobra igualmente heterogéneos”, señaló.
Asimismo, indicó que el ejercicio busca pasar de una discusión general sobre la inflexibilidad del gasto a una evaluación específica de cada partida presupuestal. “De manera que, si el ajuste fiscal será uno de los principales retos de la próxima administración, el punto de partida consiste en conocer con mayor precisión dónde terminan las rigideces y dónde comienza el margen de maniobra.” Finalmente, Corficolombiana afirmó que “en un presupuesto de esta complejidad, la diferencia entre un ajuste viable y uno inviable dependerá menos de los grandes agregados y más de la capacidad de evaluar, rubro por rubro, dónde existen restricciones y dónde todavía hay espacio para actuar”. De hecho, retomó una frase que dijo la campaña de Iván Cepeda en su momento y es que este es “el tipo de ajuste que exige un bisturí y no una motosierra”. Además, señaló que la consolidación fiscal también requerirá avanzar hacia un Estado más compacto y eficiente, fortalecer los mecanismos de evaluación y control del gasto, controlar el crecimiento del empleo público, preservar reglas fiscales creíbles, evaluar programas de privatización o desinversión cuando resulten convenientes, evitar nuevas obligaciones permanentes sin fuentes de financiación definidas y acelerar el crecimiento económico para fortalecer estructuralmente los ingresos públicos y la confianza de hogares, empresas e inversionistas.