El presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana de Caracas, Fernando Di Gerónimo, planteó que la habilitación de inmuebles no ocupados para atender a familias damnificadas por los terremotos del 24 de junio debe realizarse bajo garantías legales claras que protejan la propiedad privada. En una entrevista con Unión Radio , insistió en que la emergencia no puede derivar en medidas improvisadas que dejen desprotegidos a propietarios, constructores y profesionales del sector. Di Gerónimo reconoció que algunos espacios cerrados podrían utilizarse temporalmente para aliviar la presión habitacional, pero subrayó que cualquier decisión debe contar con respaldo jurídico. “No voy a proteger a una parte de la sociedad y dejar desvalida a la otra. No tiene sentido”, afirmó, al advertir que la apertura de inmuebles debe garantizar seguridad para todos los involucrados.
Más leídas Tasa de Cambio BCV 10 de julio de 2026: 709,6935 Bs/USD (+1,3522%) Bono Especial de Vacaciones será pagado en dos partes, aclara el Ministerio de Educación Universitaria Sismos en Venezuela: cifra oficial de fallecidos asciende a 3.889 Reformas legales El dirigente gremial sostuvo que la emergencia abre la necesidad de revisar leyes vinculadas al arrendamiento, la estafa inmobiliaria y la protección al deudor hipotecario. A su juicio, estas normativas requieren ajustes para permitir soluciones habitacionales sin generar inseguridad jurídica ni conflictos entre propietarios y autoridades. Di Gerónimo propuso instalar mesas de trabajo con asociaciones, organizaciones y entidades del sector, junto con representantes gubernamentales, para diseñar mecanismos que permitan actuar con mayor coordinación en situaciones de desastre. Señaló que los recientes terremotos evidenciaron la necesidad de incorporar áreas de especialización dentro del mercado inmobiliario para mejorar la prevención y la respuesta ante emergencias. “Esto va a volver a pasar y queremos estar preparados”, dijo.
Acceso al crédito El presidente de la Cámara reiteró su llamado a reducir el encaje legal para facilitar el acceso al financiamiento y permitir que las familias afectadas puedan reconstruir sus viviendas. Sostuvo que la rigidez del sistema crediticio limita la capacidad de respuesta del sector en un momento en que miles de personas requieren soluciones rápidas y sostenibles. Di Gerónimo afirmó que la reconstrucción debe combinar protección a la propiedad privada, reformas legales y mayor disponibilidad de crédito, en un contexto donde la infraestructura dañada y la demanda habitacional presionan al mercado inmobiliario. Con información de Unión Radio