La posibilidad de activar una cartera hipotecaria con subsidios de hasta 80% de los créditos destinados a la reconstrucción de viviendas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio enfrenta un obstáculo clave: la limitada capacidad de la banca venezolana para otorgar financiamiento debido al elevado encaje legal. El economista y consultor empresarial Asdrúbal Oliveros señaló que, aunque la propuesta representa una señal positiva dentro de la respuesta a la emergencia, todavía existen interrogantes sobre cómo funcionará el mecanismo, quién asumirá las garantías y cuál será el papel del sistema financiero en un contexto de restricciones al crédito. “Como dice la sabiduría popular, el diablo está en los detalles”, afirmó Oliveros durante una entrevista, al referirse a los elementos que, a su juicio, deben definirse antes de evaluar el alcance real de la medida. Uno de los puntos centrales, explicó, es el encaje legal, un instrumento que limita los recursos que los bancos pueden utilizar para prestar. Según sus cálculos, de cada 100 bolívares que una institución financiera pudiera destinar a créditos, alrededor de 70 están restringidos por esta regulación. “Prácticamente tres cuartas partes de la capacidad de prestar están limitadas por esta disposición”, indicó.
Más leídas Tasa de Cambio BCV 10 de julio de 2026: 709,6935 Bs/USD (+1,3522%) Bono Especial de Vacaciones será pagado en dos partes, aclara el Ministerio de Educación Universitaria Sismos en Venezuela: cifra oficial de fallecidos asciende a 3.889 El papel de la banca y del Estado Para Oliveros, la activación de una cartera hipotecaria en estas condiciones requerirá definir la participación de distintos actores, especialmente del Estado y de la banca pública. Recordó que más de la mitad de los activos del sistema financiero venezolano están concentrados en instituciones públicas, con el Banco de Venezuela como el principal banco estatal. En ese sentido, consideró necesario precisar qué rol tendrá la banca pública, cómo funcionará el respaldo estatal a los créditos y bajo qué condiciones las familias afectadas podrán acceder a los recursos. “Entender el rol de la banca pública, qué va a pasar con el encaje, cómo el Estado va a garantizar esto, hasta qué nivel de subsidios se va a entregar y cómo pueden acceder las personas afectadas son detalles que hasta el momento no conocemos”, señaló. La magnitud del desafío habitacional El economista advirtió que la escala de la emergencia supera la capacidad de una sola fuente de financiamiento.
Según sus estimaciones, la reconstrucción de viviendas podría requerir entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, una cifra que representa un reto importante frente al tamaño actual del crédito bancario en Venezuela. “Para tener una idea, la banca le presta a todo el país el equivalente a unos 3.000 millones de dólares y solo la reconstrucción de viviendas podría necesitar entre 1.500 y 2.000 millones”, explicó. A su juicio, esta diferencia obliga a establecer prioridades y determinar cómo se distribuirán los recursos disponibles, especialmente porque las necesidades podrían superar los fondos que ingresen mediante mecanismos nacionales e internacionales. Coordinación entre Gobierno, empresas y organismos internacionales Oliveros consideró que el proceso de reconstrucción requerirá la participación conjunta del Ejecutivo, gobiernos municipales, banca, sector privado y organismos internacionales. Explicó que las empresas privadas podrían tener un papel importante en la construcción de nuevas viviendas y en la reparación de inmuebles afectados, mientras que la cooperación internacional podría aportar recursos y experiencias de otros países que han enfrentado procesos similares después de desastres naturales.
También mencionó la importancia de fondos internacionales destinados a la recuperación, entre ellos mecanismos impulsados por organismos multilaterales. Priorizar a las familias afectadas El economista señaló que la atención no debe concentrarse únicamente en quienes perdieron completamente sus viviendas, sino también en aquellas familias cuyos hogares permanecen en pie, pero presentan daños que impiden su ocupación normal. A su juicio, la reconstrucción debe comenzar por identificar las necesidades más urgentes y establecer criterios claros de asignación de recursos. “La atención a los sobrevivientes y a las personas afectadas por el terremoto es un elemento medular y prioritario”, afirmó. Para Oliveros, el desafío será convertir los anuncios de financiamiento en un mecanismo operativo capaz de responder a una emergencia habitacional de gran escala, en un momento en que el sistema financiero venezolano mantiene una capacidad limitada para otorgar nuevos créditos.