La muerte de un ciudadano colombiano durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); en el estado de Maine volvió a generar cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos. El caso, que ya es investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), ha provocado reacciones de líderes políticos, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y del Gobierno colombiano. La víctima fue identificada como Joan Sebastian Guerrero, de 26 años, quien falleció tras recibir disparos durante una intervención de agentes del ICE en la ciudad de Biddeford. Inicialmente se informó que el joven era la persona buscada por las autoridades migratorias; sin embargo, posteriormente se confirmó que no era el objetivo de la orden de arresto.
Colombiano muere en operativo de ICE y crecen los reclamos por uso de la fuerza Tras conocerse esta información, el senador por Maine, Angus King, pidió una investigación «completa, transparente y abierta» para esclarecer las circunstancias del hecho. Además, cuestionó que los agentes involucrados no portaran cámaras corporales, un elemento que podría ser clave para determinar si el uso de la fuerza letal estuvo justificado. Por su parte, ICE informó que el agente que realizó los disparos fue separado temporalmente de sus funciones, mientras avanzan las investigaciones. Paralelamente, la Embajada de Colombia en Estados Unidos solicitó explicaciones al Departamento de Seguridad Nacional (DHS); y aseguró que dará seguimiento al proceso.
El caso también provocó manifestaciones en Biddeford, donde decenas de personas exigieron justicia y rechazaron las políticas migratorias que; según organizaciones civiles, han incrementado los operativos y el uso de la fuerza contra inmigrantes. La muerte de Guerrero ocurre en medio del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos; donde en los últimos días las autoridades reportaron miles de detenciones relacionadas con procesos de deportación. El nuevo incidente reabre el debate sobre los protocolos de actuación de los agentes federales; y la protección de los derechos de la población migrante.