El expresidente de Perú Pedro Castillo ha vuelto a situar su situación judicial en el centro del debate político tras invocar a las autoridades nacionales e internacionales a cumplir el informe emitido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) . El documento sostiene que su privación de libertad presenta irregularidades y plantea como medida adecuada su inmediata liberación. El expresidente sostiene que el Estado peruano incumple el derecho internacional al no aplicar el dictamen de la ONU Pedro Castillo pide cumplir el informe de la ONU A través de un mensaje publicado en la red social X, Castillo instó a los organismos de protección de los derechos humanos y a las autoridades judiciales peruanas a ejecutar las recomendaciones del organismo internacional. El exmandatario aseguró que mantener su encarcelamiento supone una vulneración del derecho internacional y afirmó que el Estado peruano se encuentra en una situación de «abierta rebeldía» al ignorar el pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
Castillo considera que el informe confirma que su detención y posterior encarcelamiento carecieron de justificación legal y que durante todo el procedimiento se vulneraron principios esenciales del ordenamiento constitucional peruano, el debido proceso y diversos compromisos internacionales suscritos por Perú. El organismo internacional considera que el proceso de destitución y la detención presentan irregularidades que afectan a las garantías jurídicas La ONU cuestiona la detención y el proceso de destitución El informe, conocido públicamente el jueves, sostiene que el proceso parlamentario que culminó con la destitución de Pedro Castillo estuvo marcado por diversas irregularidades que, a juicio del grupo de expertos, refuerzan el carácter arbitrario de su detención. Además, el documento señala que la medida más adecuada sería conceder su libertad inmediata, junto con el derecho a solicitar una indemnización y otras reparaciones conforme al derecho internacional. Entre los argumentos expuestos figura que no existía el requisito de flagrancia para proceder a la detención.
Según el grupo de trabajo, la orden fue dictada verbalmente por un mando policial sin competencia legal y, al tratarse del presidente en ejercicio, este gozaba de inmunidad constitucional, por lo que debería haber sido conducido ante el Congreso de Perú y no a una dependencia policial. Aspecto Posición del Grupo de Trabajo de la ONU Proceso de destitución Considera que estuvo marcado por irregularidades Detención La califica de arbitraria Recomendación Libertad inmediata de Pedro Castillo Reparación Derecho a indemnización y otras medidas conforme al derecho internacional Argumento principal No se cumplía el requisito de flagrancia y existía inmunidad constitucional Castillo cumple condena por el intento de golpe de Estado Los hechos se remontan al 7 de diciembre de 2022 , cuando Pedro Castillo anunció el cierre del Congreso, la intervención del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Tribunal Constitucional en un intento de concentrar el poder, una decisión que fue considerada un intento de golpe de Estado. Tras aquel anuncio, fue detenido por la Policía y el Congreso aprobó su destitución por incapacidad moral permanente para ejercer la Presidencia. Posteriormente fue juzgado por conspiración para la rebelión y condenado a 11 años y cinco meses de prisión , pena que cumple actualmente en un centro penitenciario de Lima mientras continúa defendiendo que su encarcelamiento responde a una persecución política.