La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, una propuesta que busca modernizar las reglas del mercado de alquiler y ofrecer mayores garantías tanto a propietarios como a inquilinos. El texto, compuesto por 27 artículos y cuatro capítulos, inicia ahora su ruta hacia la segunda discusión. El proyecto fue presentado por el diputado Pedro Infante, quien sostuvo que la iniciativa pretende crear un mercado formal, con incentivos económicos y mecanismos de resolución de conflictos más ágiles. La propuesta incorpora garantías bancarias o de seguros, depósitos en garantía y procedimientos simplificados para atender disputas entre las partes.
Depósitos, reparaciones y resolución de conflictos El proyecto plantea que los contratos puedan incluir depósitos en garantía o pólizas de seguro equivalentes a hasta tres meses de canon, con la obligación de reintegrarlos en un plazo de 15 días continuos una vez finalizado el contrato y verificado el estado del inmueble. En materia de mantenimiento, la propuesta establece un umbral técnico del 30% del canon para definir la responsabilidad sobre reparaciones mayores y menores, con el fin de distribuir de manera más equilibrada los costos entre propietario e inquilino. El texto también promueve la mediación y el arbitraje como vías para resolver controversias, con el objetivo de reducir tiempos de respuesta y aliviar la carga del sistema judicial ordinario. Más leídas Tasa de Cambio BCV 15 de julio de 2026: 725,747 Bs/USD (+0,2414%) Producción de crudo alcanzó 1,20 millones de barriles diarios, según el Gobierno Asamblea Nacional 2015 anuncia hoja de ruta conjunta para la reconstrucción y recuperación democrática Zonas de riesgo El proyecto introduce la prohibición de arrendar en zonas de alto riesgo o en estructuras precarias, una medida que busca evitar contratos en inmuebles que no cumplan condiciones mínimas de seguridad.
Asimismo, contempla la participación del Estado como facilitador en el acceso a la vivienda, mediante reglas claras y procedimientos simplificados para formalizar contratos y supervisar su cumplimiento. La normativa aplicará únicamente a los contratos que se firmen después de su promulgación. Los acuerdos previos seguirán regidos por la legislación vigente al momento de su firma. El proyecto pasará ahora a su segunda discusión, donde se debatirá artículo por artículo.
Con información de la Asamblea Nacional