El Poder Judicial de Perú admitió a trámite un recurso de habeas corpus presentado a favor del expresidente Pedro Castillo. La acción legal la interpuesta su abogado, Walter Ayala, con el objetivo de revertir varias decisiones judiciales y políticas adoptadas tras la destitución del exmandatario en diciembre de 2022. El recurso contempla siete solicitudes. Entre ellas sobresale el pedido para anular la resolución del Congreso que declaró la vacancia presidencial de Castillo, así como la medida de prisión preventiva impuesta durante el proceso judicial.
La defensa también solicita dejar sin efecto la sentencia que condenó al expresidente a once años y cinco meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión; al considerar que las resoluciones vulneran sus derechos fundamentales. Mientras tanto, el escenario político en Perú continúa marcado por el debate sobre las reformas legales que serán impulsadas en el próximo Congreso bicameral. La coalición integrada por Ahora Nación; Juntos por el Perú y el partido Obras anunció que una de sus prioridades será derogar normas que, según sostienen; han favorecido al crimen organizado. Perú: Poder Judicial admite recurso de Pedro Castillo El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró que varias modificaciones a la legislación han debilitado instrumentos fundamentales para combatir la delincuencia organizada.
A su juicio, los cambios en materia de prescripción de delitos y colaboración eficaz han afectado la seguridad ciudadana; el desarrollo económico y la paz social. En la misma línea, el abogado penalista y director del Instituto de Defensa Legal (IDL); Carlos Rivera, afirmó que algunas de las reformas aprobadas por el Congreso terminaron beneficiando a las organizaciones criminales; al reducir el número de delitos que pueden ser investigados bajo la figura de crimen organizado. Asimismo, organizaciones sociales y partidos de izquierda plantean modificar la legislación vigente para eliminar disposiciones que, según consideran; otorgan impunidad a integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional involucrados en presuntas violaciones a los derechos humanos. El desarrollo de estos procesos mantiene abierto el debate político y judicial en Perú; en un contexto marcado por la polarización y la discusión sobre el futuro de las reformas institucionales del país.
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