Bloomberg — Agentes federales mexicanos detuvieron a un exgobernador acusado de contrabando de combustible, en el marco de la última ofensiva de las autoridades para acabar con una red delictiva que ha supuesto a las arcas del Estado miles de millones de dólares en pérdidas de ingresos fiscales. Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, fue detenido en el marco de una investigación sobre una empresa que, según la Fiscalía General de la República, él mismo fundó. Ruffo se enfrenta a cargos de delincuencia organizada y contrabando, según una publicación del jueves en X de la Fiscalía General de la República. Ruffo ocupó el cargo de gobernador de este estado fronterizo entre Estados Unidos y México en la década de los noventa como miembro del Partido Acción Nacional (PAN), de tendencia conservadora.
Es uno de los principales accionistas de la empresa importadora de combustible Ingemar, según un informe del periódico local El Financiero. El PAN es actualmente el principal partido de la oposición al partido gobernante Morena, de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha impulsado medidas para erradicar el contrabando de combustible, que se ha extendido de forma descontrolada. El exgobernador no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero el año pasado negó que Ingemar tuviera implicación alguna en el tráfico de combustible, según la emisora local Radio Fórmula. Baja California, situada justo al sur del estado estadounidense de California, alberga la bulliciosa ciudad fronteriza mexicana de Tijuana, un importante centro industrial y punto de tránsito entre ambos países.
Los contrabandistas de combustible suelen etiquetar erróneamente los cargamentos de gasolina y gasóleo como productos tales como lubricantes industriales, que no están sujetos a un elevado impuesto de importación, y luego se benefician de la venta del combustible de contrabando a precios inferiores a los del mercado. Desde el año pasado, la policía ha detenido a agentes de aduanas, empresarios y oficiales de la Armada, entre ellos un excontralmirante de la Armada que fue localizado en Argentina. Esta lucrativa trama delictiva también ha implicado a los poderosos cárteles de la droga de México y ha puesto el foco en Morena, después de que su fundador —el expresidente Andrés Manuel López Obrador— pusiera a la Armada al frente de los puertos del país en un intento por combatir la corrupción. El Gobierno de Sheinbaum ha destacado los avances en la lucha contra esta red delictiva.
Su máxima responsable de aduanas anunció que el año pasado se recuperaron hasta US$10.900 millones en ingresos fiscales gracias a los esfuerzos por detener las importaciones ilegales de combustible. Durante décadas, México ha dependido en gran medida de las importaciones de gasolina y gasóleo, principalmente de proveedores estadounidenses, aunque la producción nacional de combustibles para motores ha crecido en los últimos años. La detención de Ruffo podría avivar una controversia política latente que afecta a la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Esta ha sido objeto de atención en los últimos días debido a la difusión de grabaciones de audio en las que supuestamente solicita colaborar con el FBI en cuestiones de seguridad.
Ávila, miembro de Morena, reveló que su visado para EE.UU. fue revocado el año pasado. La revelación se produjo en medio de una campaña de EE.UU. para combatir la supuesta corrupción vinculada a los cárteles mexicanos. Ávila ha negado cualquier implicación al respecto. Sheinbaum también ha restado importancia a su caso, afirmando que no está claro quién habla en las grabaciones.
Otro gobernador de Morena, Rubén Rocha Moya, se enfrenta a acusaciones de la fiscalía estadounidense por presuntos vínculos con importantes narcotraficantes en su estado natal, Sinaloa. Rocha Moya también ha negado cualquier irregularidad, aunque se ha ausentado temporalmente de su cargo mientras continúa la investigación.