El proyecto de Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, que avanza en segunda discusión en la Asamblea Nacional, está siendo recibido con reservas por especialistas que señalan que el texto no sustituye la normativa vigente, sino que crea un esquema legal separado que aplicará únicamente a los contratos firmados después de su entrada en vigor. Esa coexistencia, advierten, podría dejar a miles de contratos previos en una situación de incertidumbre. La abogada inmobiliaria Cora Farías sostuvo que la ley actual «queda vigente» y que el nuevo instrumento funcionará como un marco exclusivo para las contrataciones futuras. A su juicio, la propuesta parlamentaria tiene una intención razonable, pero solo será efectiva si incorpora garantías que permitan a los propietarios retomar el mercado de alquiler con mayor seguridad jurídica.
Farías señaló que el Parlamento debe afinar aspectos esenciales del proyecto, porque la experiencia reciente muestra que los arrendadores se mantienen cautelosos ante la posibilidad de conflictos prolongados o dificultades para recuperar sus inmuebles. Más leídas Tasa de Cambio BCV 16 de julio de 2026: 727,4512 Bs/USD (+0,2348%) Gobierno paga el Ingreso Integral y Bono Único de Vacaciones A tres semanas de los sismos, Venezuela supera las 4.800 víctimas mortales Contratos anteriores quedan fuera del alcance de la nueva norma La abogada María Alejandra Parra, especialista en derecho procesal, civil y laboral, coincidió en que el proyecto introduce mecanismos que podrían agilizar la contratación y la resolución de disputas. Sin embargo, advirtió que la separación entre contratos nuevos y antiguos crea un vacío normativo para quienes ya están vinculados por acuerdos previos. «Todos los arrendadores que están antes de esta ley quedan en un limbo», afirmó. Según Parra, el Parlamento está legislando “hacia adelante”, otorgando ventajas a quienes firmen contratos bajo el nuevo esquema, pero dejando zonas grises que podrían complicar la aplicación práctica del instrumento.
Parra insistió en que el texto requiere ajustes finos antes de su aprobación definitiva. «Hay aspectos que se deben perfilar bien», dijo, porque en la práctica surgirán situaciones diversas que exigirán claridad normativa. También subrayó que el debate debe incluir a todos los actores del mercado: «No se trata solo de colocar un proyecto de ley para obtener una victoria rápida». Las expertas coinciden en que el desafío no es únicamente modernizar el marco legal, sino hacerlo de manera que reduzca la conflictividad, incentive la oferta de viviendas en alquiler y evite que la coexistencia de dos regímenes termine generando más problemas que soluciones. Con información de Unión Radio