Bloomberg Línea — El regreso de las hostilidades en Medio Oriente vuelve a poner a América Latina frente a un nuevo choque externo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) identificó siete canales por los que el conflicto puede afectar a la economía regional, pese a su limitada exposición al golfo Pérsico. La paradoja es que el impacto agregado resulta relativamente contenido, pero esconde diferencias profundas entre países. Mientras algunos exportadores de hidrocarburos podrían beneficiarse de un petróleo más caro, la mayoría de las economías latinoamericanas continúa siendo importadora neta de energía y afronta un deterioro de sus cuentas externas.
A esto se suman mayores presiones inflacionarias y un margen de maniobra cada vez más estrecho para sus bancos centrales. “Esta posición favorable de la región en su conjunto oculta una marcada heterogeneidad dado que la mayoría de los países de la región son importadores netos de energía, y en ellos el choque energético provocado por las hostilidades en la República Islámica del Irán y sus alrededores impacta de forma negativa”, sintetiza el informe de la Cepal. Una región dividida entre exportadores e importadores El primer canal es el comercial. La evolución del precio del petróleo determinará quiénes salen beneficiados y quiénes absorben el mayor costo de la crisis. La Cepal trabaja con tres escenarios para 2026.
El primero contempla un precio promedio del Brent de US$86 por barril, un 25% superior al promedio de 2025; el segundo eleva la referencia a US$95, con un incremento del 38%, mientras que el tercero proyecta un Brent en US$115 por barril, equivalente a un aumento del 67%. Bajo el escenario más moderado, el saldo comercial de América Latina y el Caribe mejoraría apenas 0,05 puntos del PIB. Detrás de esa cifra se esconden contrastes significativos. → Suscríbete al newsletter Línea de Mercado, una selección de Bloomberg Línea con las noticias bursátiles más destacadas del día. América del Sur obtendría una mejora de 0,13 puntos del PIB gracias al peso de los exportadores de hidrocarburos, mientras el Caribe, sin Guyana ni Trinidad y Tobago, registraría un deterioro de 0,5 puntos y Centroamérica, Haití y República Dominicana sufrirían una pérdida cercana a 0,9 puntos del PIB.
Si el petróleo alcanzara US$115 por barril, esas pérdidas se ampliarían hasta 1,3 y 2,4 puntos del PIB, respectivamente. Los mayores beneficiarios serían Guyana, cuyo saldo comercial mejoraría en torno a 17 puntos del PIB debido al peso extraordinario de su sector petrolero, seguido por Trinidad y Tobago y Ecuador. Entre los importadores netos, Granada, Nicaragua y Honduras figuran entre los más expuestos al incremento de la factura energética. La propia estructura energética explica buena parte de esas diferencias.
El informe recuerda que varios exportadores de crudo siguen dependiendo de combustibles refinados importados para abastecer sus mercados internos, lo que reduce parte del beneficio derivado del alza del petróleo. “Un caso ilustrativo es el de México, que, pese a ser un destacado exportador neto de crudo, realiza importaciones de productos refinados derivados del petróleo que superan sus exportaciones de crudo en términos de valor, lo que se traduce en una posición neta levemente negativa frente al choque energético”, dice la Cepal. El segundo canal corresponde a las cuentas públicas. El aumento del precio de los hidrocarburos incrementa los ingresos fiscales de los exportadores, pero al mismo tiempo obliga a muchos gobiernos a decidir entre trasladar el alza a consumidores y empresas o absorber parte del impacto mediante subsidios y reducciones tributarias. En Ecuador, los ingresos asociados a los hidrocarburos representan alrededor del 16,6% de la recaudación fiscal, mientras que en Trinidad y Tobago alcanzan el 26%.
Esa mayor recaudación puede compensar parcialmente el costo de las medidas de estabilización. En cambio, para los países importadores el incremento del gasto destinado a contener los precios reduce directamente el espacio fiscal disponible. Las respuestas adoptadas ya muestran diferencias relevantes. Brasil eliminó temporalmente impuestos al diésel y estableció subsidios específicos; Chile reforzó su mecanismo de estabilización de combustibles y congeló algunas tarifas; México recurrió a reducciones temporales del IEPS sobre gasolinas y diésel, mientras República Dominicana y Uruguay también implementaron mecanismos para amortiguar el impacto sobre consumidores y sectores productivos.
Inflación, alimentos y tasas de interés El tercer canal identificado por la Cepal es el aumento de los precios. El encarecimiento de la energía se transmite primero a los combustibles y luego al transporte, la logística, los alimentos y el resto de la economía. El organismo estima que, con un incremento del 25% en los precios energéticos, la inflación anual aumentaría entre 0,3 y 1,7 puntos porcentuales dependiendo del país. Bajo el escenario más severo, el impacto oscilaría entre 0,9 y más de 4,6 puntos.
República Dominicana aparece como la economía con mayor efecto potencial, con un aumento de hasta 4,6 puntos porcentuales en el escenario de mayor tensión. México podría enfrentar un incremento cercano a cuatro puntos, mientras Honduras y Belice registrarían alzas próximas a 3,7 y 3,8 puntos, respectivamente. Brasil, Argentina, Chile y Paraguay también experimentarían incrementos relevantes. El efecto no termina en los combustibles.
La Cepal advierte que “el aumento de los costos del transporte encarece tanto la movilidad de las personas como la distribución de bienes, y se transmite gradualmente al conjunto de la economía mediante mayores costos logísticos y de comercialización”. A ello se suma el mercado de fertilizantes. Salvo Trinidad y Tobago y Bolivia, prácticamente toda América Latina presenta déficits comerciales en estos insumos. Paraguay registra el mayor desequilibrio, equivalente a 1,5% del PIB, mientras Brasil mantiene una elevada dependencia de fertilizantes importados pese a su condición de potencia agrícola. “El encarecimiento de los fertilizantes pone en riesgo los rendimientos agrícolas de las cosechas y ejerce presión al alza sobre los precios de los alimentos”, dice la Cepal.
Este escenario, dice la entidad, puede agravar la inseguridad alimentaria de la región, con efectos especialmente severos para los hogares de menores ingresos. El cuarto canal procede del menor crecimiento de la economía mundial. La desaceleración prevista en Estados Unidos, China y la Unión Europea reduce la demanda por exportaciones latinoamericanas precisamente cuando el comercio internacional pierde dinamismo. La menor actividad de los principales socios comerciales limita parte del beneficio que obtendrían los exportadores de materias primas gracias a un petróleo más caro.
Mercados financieros bajo presión El quinto mecanismo opera a través de los mercados financieros. El aumento de la incertidumbre geopolítica impulsó la volatilidad internacional durante marzo, provocó fuertes correcciones bursátiles y favoreció la búsqueda de activos considerados seguros. Ese movimiento fortaleció al dólar y presionó las monedas latinoamericanas. Chile llegó a depreciarse 6,1% frente a la divisa estadounidense desde finales de febrero, Uruguay perdió 5,4%, México 4,1% y Perú 3,7%, antes de que el anuncio de un alto al fuego temporal redujera parcialmente las tensiones. “Al prolongarse el escenario de hostilidades, se activa un canal de transmisión que históricamente ha resultado adverso para la región: el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales”, advierte la Cepal.
El sexto canal afecta directamente la política monetaria. La persistencia de presiones inflacionarias obliga a los bancos centrales a reconsiderar el ritmo de reducción de las tasas de interés. Colombia refleja el mayor cambio en las expectativas del mercado. La proyección para la tasa de política monetaria al cierre de 2026 pasó de 10,5% antes del inicio de las hostilidades a 12% posteriormente.
Chile, México y Perú todavía podrían continuar reduciendo los tipos de interés, aunque de manera más gradual y condicionada por la evolución de la inflación y del tipo de cambio. El séptimo canal termina reflejándose en el crecimiento económico. La Cepal redujo su previsión de expansión regional para 2026 de 2,3% a 2,2%, una revisión que no atribuye exclusivamente al conflicto, pero que incorpora los riesgos adicionales derivados del choque energético y financiero. Para los importadores netos de energía, los siete mecanismos actúan en la misma dirección: empeoran la balanza comercial, elevan la inflación, reducen el poder adquisitivo, limitan el consumo, mantienen condiciones financieras más restrictivas y frenan el crecimiento.
Para los exportadores, el beneficio inicial derivado de mayores ingresos petroleros puede verse compensado por una menor demanda mundial, mayores costos internos y condiciones financieras internacionales más exigentes si el conflicto se prolonga. La evolución del precio del petróleo, la duración de las hostilidades, la respuesta de los bancos centrales y la capacidad de los gobiernos para amortiguar el impacto sobre hogares y empresas determinarán cuál de esos efectos termina predominando sobre la economía latinoamericana durante los próximos meses.