Familiares conmemoraron con un romerío de protesta los 34 años de los asesinatos del caso La Cantuta, perpetrados en 1992 por el escuadrón paramilitar estatal Colina. Los afectados exigen capturar a tres prófugos y reactivar las excavaciones humanitarias, desafiando el complejo panorama político que impone el nuevo gobierno de Keiko Fujimori. La falta de reparaciones justas y oportunas, sumada a las políticas que favorecen el perdón de los criminales, agrava la deuda pendiente con las víctimas. Ahora que Keiko Fujimori asumirá la presidencia peruana, los deudos del caso La Cantuta temen un grave retroceso institucional en materia de derechos humanos y justicia.
Aarón Rodríguez, Ciudad de Lima. mep/hnb