El impacto del doblete sísmico del 24 de junio no solo dejó miles de familias en duelo: también abrió un desafío jurídico que, según especialistas, será masivo en las próximas semanas. El abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, advirtió que es “absolutamente indispensable” que el Seniat y el Saren desplieguen unidades especiales en La Guaira para atender los trámites de sucesión derivados de las muertes y desapariciones provocadas por la tragedia. Daniels explicó que ningún bien —vivienda, vehículo, negocio o propiedad comercial— puede ser transferido legalmente a otra persona sin una partida de defunción o, en caso de desaparecidos, una declaración judicial de muerte presunta. Sin esos documentos, los herederos no pueden registrar ni ocupar formalmente los bienes, lo que podría generar conflictos patrimoniales en el corto plazo.
Más leídas España al ganar la Copa del Mundo se embolsilla $50 millones Inflación de la eurozona desacelera al 2,8% y da aire al BCE La canasta alimentaria supera los $756 en junio El abogado señaló que muchas familias aún no han iniciado estos trámites porque están concentradas en la emergencia humanitaria. Sin embargo, advirtió que el proceso será inevitable: “Estamos hablando de algo que va a ocurrir de forma masiva”, dijo en entrevista con Unión Radio. A su juicio, la magnitud del desastre dejó a “mucha gente que es heredera y no lo sabe”, especialmente en casos donde los fallecidos no habían dejado testamento. Daniels insistió en que el Estado debe facilitar el proceso con oficinas móviles y atención prioritaria, para evitar que la acumulación de casos paralice el sistema registral y tributario.
La regularización de la propiedad será clave para que las familias puedan reconstruir sus vidas, acceder a ayudas, vender bienes o resolver disputas patrimoniales en un contexto ya marcado por la pérdida y la incertidumbre. Con información de Unión Radio