Con el argumento de limitar el acceso del Gobierno cubano a fondos que considera «ilícitos», el Departamento de Estado incluyó en su lista de entidades restringidas, en el sector energético, al Centro de Investigaciones del Petróleo S.A. (CEINPET), la Empresa de Energía S.A. (ENERSA) y EINARBO S.A. En aplicación de la Orden Ejecutiva 14404, Washington también incorporó de manera unilateral a la Terminal de Contenedores de Mariel S.A., Coral Marítima S.A., CEIBA Investments Limited y Orbit S.A. Las medidas alcanzan, además, a la cooperación médica cubana en el exterior. En ese ámbito, el Departamento de Estado incluyó en la lista a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC); a la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM); a la directora de esa entidad, Gretza Sánchez Padrón; y al ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda.
Según la información oficial, como resultado de estas disposiciones, todos los bienes e intereses de las personas y entidades señaladas que se encuentren en Estados Unidos o bajo el control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deberán ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Asimismo, quedan prohibidas las transacciones de personas estadounidenses con esas entidades y personas naturales, salvo autorización específica de la OFAC. Como parte del alcance extraterritorial de estas medidas, el Departamento de Estado advirtió que personas o instituciones extranjeras que mantengan relaciones comerciales con los mismos o con empresas que operen en los sectores energético, financiero, de defensa, minería, metales o seguridad de la economía cubana también podrían quedar expuestas a sanciones. Estados Unidos mantiene una política de máxima presión económica, financiera y extraterritorial contra Cuba, dirigida a recrudecer el bloqueo, afectar su economía y perseguir a terceros países, empresas y personas que mantengan vínculos legítimos con la nación caribeña.
Durante más de tres décadas el cerco norteamericano ha sido condenado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde la resolución que reclama su levantamiento recibe anualmente el respaldo de una abrumadora mayoría de los Estados miembros, con el aislamiento de Washington y un reducido número de aliados. mar/mpv