Casi un mes después de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio, la emergencia comienza a trasladarse desde las labores de rescate hacia la rehabilitación de viviendas, infraestructuras y servicios públicos. El Banco Mundial advierte de que la velocidad de este proceso será determinante para limitar las consecuencias económicas y sociales de la catástrofe. La vivienda concentra el 47% de los daños físicos directos calculados por el Banco Mundial Las viviendas soportan la mayor parte de las pérdidas La estimación rápida global de daños, conocida como GRADE , sitúa en los edificios residenciales casi la mitad del impacto económico. En concreto, el 47% de las pérdidas corresponde a viviendas, mientras que las infraestructuras representan el 27% y los edificios no residenciales, como comercios, oficinas, hospitales o centros educativos, concentran el 26% restante.
Distribución estimada de los daños físicos Tipo de activo afectado Porcentaje Daños estimados Edificios residenciales 47% 9.212 millones de dólares Infraestructuras 27% 5.292 millones de dólares Edificios no residenciales 26% 5.096 millones de dólares Total 100% 19.600 millones de dólares Fuente: elaboración propia a partir del importe total y la distribución porcentual publicada por el Banco Mundial. El estado de La Guaira y el área metropolitana de Caracas concentran aproximadamente la mitad del impacto calculado. Los daños afectan tanto al parque residencial como a carreteras, redes de abastecimiento, instalaciones sanitarias, colegios y otros activos esenciales para el funcionamiento de la economía. El último balance oficial eleva a 5.398 las personas fallecidas , mantiene en 16.740 el número de heridos y cifra en 17.907 las personas que han perdido su vivienda.
Además, 23.335 damnificados continúan alojados en 107 campamentos temporales. Las autoridades contabilizan 856 edificios afectados, 190 de ellos totalmente colapsados, y más de 1.460 réplicas desde el doble terremoto. El impacto económico dependerá de la capacidad para movilizar inversión pública y privada Una reconstrucción lenta lastraría la economía durante años El Banco Mundial plantea dos posibles escenarios. Si Venezuela mantiene los actuales niveles de inversión pública y privada, buena parte de los fondos necesarios tendría que proceder de la reasignación de recursos destinados inicialmente a otros proyectos.
En esas condiciones, la reconstrucción podría permanecer incompleta durante más de diez años y generar efectos persistentes sobre la actividad económica, el empleo, la productividad y la prestación de servicios básicos. Una estrategia más rápida, respaldada por mayor financiación pública, inversión privada y apoyo internacional, permitiría reducir el coste social del desastre y acelerar la recuperación de las regiones afectadas. La cifra de 19.600 millones de dólares mide los daños físicos directos sobre los activos existentes. No incluye necesariamente todas las pérdidas económicas indirectas, como la interrupción de la actividad empresarial, la caída de ingresos de los hogares, la pérdida de empleos o el coste adicional de construir inmuebles e infraestructuras con mayores estándares de resistencia sísmica.
La respuesta humanitaria para Venezuela apenas dispone del 39,2% de la financiación solicitada La emergencia humanitaria sigue lejos de estar cubierta El desafío económico se combina con unas necesidades humanitarias que continúan creciendo. El Consejo Noruego de Refugiados estima que hasta 1,3 millones de personas necesitan asistencia en las zonas afectadas y alerta de que el plan humanitario revisado para Venezuela solo ha recibido el 39,2% de los recursos solicitados. Financiación del plan de respuesta humanitaria Concepto Importe Necesidades totales 931,3 millones de dólares Financiación recibida 365,1 millones de dólares Déficit de financiación 566,2 millones de dólares Cobertura alcanzada 39,2% Fuente: Consejo Noruego de Refugiados y sistema de seguimiento financiero de Naciones Unidas. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja identifica como prioridades inmediatas el acceso a agua potable , la atención sanitaria primaria y el apoyo psicológico.
Muchas familias todavía dependen del agua embotellada y las limitaciones en el saneamiento elevan el riesgo de brotes de enfermedades en los asentamientos temporales. La organización ha solicitado 50 millones de francos suizos para atender a 300.000 personas durante dos años, pero su llamamiento solo está financiado en un 25,19%. También mantiene en funcionamiento una clínica de emergencia en La Guaira con capacidad para prestar servicios sanitarios y psicosociales a cerca de 30.000 personas. Unicef, por su parte, estimó tras la catástrofe que 1,8 millones de personas , entre ellas 680.000 menores, necesitaban algún tipo de asistencia.
La organización alertó de daños graves en hospitales y escuelas de La Guaira, Caracas, Carabobo, Aragua y Falcón. Restaurar el agua, la electricidad, la sanidad y la vivienda será decisivo para evitar una mayor desigualdad Los hogares vulnerables afrontan mayores riesgos La evaluación del Banco Mundial destaca que el daño físico no afecta por igual a toda la población. Los hogares con menores ingresos, las familias monoparentales, las viviendas encabezadas por mujeres y aquellas en las que viven personas mayores, enfermas o con discapacidad disponen de menos recursos para reparar sus casas o sustituir los bienes perdidos. La recuperación de la electricidad , el agua, el transporte y la atención sanitaria resulta especialmente importante para estos grupos.
Una interrupción prolongada de los servicios básicos puede tener consecuencias graves incluso cuando los daños estructurales en las viviendas sean limitados. La metodología GRADE combina imágenes de satélite, datos sobre edificios e infraestructuras, modelos de riesgo sísmico, información sobre el valor del capital y análisis técnicos de vulnerabilidad. Su objetivo es ofrecer una primera estimación rápida que permita ordenar las prioridades, aunque deberá completarse con evaluaciones detalladas sobre el terreno. La reconstrucción de Venezuela exigirá, por tanto, algo más que reemplazar los activos destruidos.
El país tendrá que reforzar sus edificios frente a futuros terremotos, recuperar los medios de vida de las familias y garantizar que la financiación llegue con rapidez a las comunidades más afectadas. El tiempo empleado en movilizar esos recursos determinará si el desastre deja una crisis económica prolongada o si la inversión en resiliencia permite acelerar la recuperación.