El doblete sísmico que sacudió el norte de Venezuela hace un mes no solo dejó miles de víctimas y una extensa destrucción de viviendas e infraestructura. También evidenció un problema menos visible: la legislación laboral carece de mecanismos para responder a una emergencia de esta magnitud. Así lo sostiene Jacqueline Richter, directora general del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (OVLIS), quien considera que el marco jurídico vigente fue diseñado para situaciones ordinarias y resulta insuficiente cuando una catástrofe natural paraliza la actividad económica y deja a miles de personas sin posibilidad de trabajar. Durante una entrevista concedida a Radio Fe y Alegría Noticias, la especialista afirmó que el país enfrenta un vacío legal que traslada gran parte del peso de la crisis a trabajadores y empleadores, sin que existan herramientas específicas para proteger los ingresos de quienes perdieron temporalmente su sustento.
La ley prevé la fuerza mayor, pero no una tragedia de esta magnitud Richter explicó que la Ley Orgánica del Trabajo contempla la suspensión de la relación laboral por causa de fuerza mayor, una figura que libera temporalmente al trabajador de prestar servicios y al empleador de la obligación de cancelar salarios mientras persista la interrupción de la actividad. Sin embargo, advirtió que esa disposición fue concebida para eventos transitorios y no responde a una situación en la que miles de personas quedan simultáneamente sin posibilidad de reincorporarse a sus puestos de trabajo. «Nos encontramos frente a un vacío de las obligaciones estatales en torno a la relación de trabajo», señaló. A su juicio, la magnitud del desastre obliga a replantear el papel del Estado como garante de protección social en situaciones excepcionales. Más leídas Tasa de Cambio BCV 27 de julio de 2026: 742,2292 Bs/USD (+0,5892%) El Banco Mundial estima daños por $19.600 millones tras los terremotos en Venezuela Nuevo superintendente del Seniat plantea modernizar el sistema tributario venezolano Propone ayudas económicas directas para los damnificados La directora del OVLIS considera que la respuesta no debe recaer exclusivamente sobre empresas y trabajadores.
Por el contrario, plantea que el Ejecutivo implemente mecanismos de asistencia económica dirigidos a las personas afectadas por los terremotos, especialmente aquellas que permanecen en refugios o perdieron sus viviendas y medios de subsistencia. «El Estado tiene una obligación con su ciudadano que está viviendo una situación de desamparo y de desprotección por un evento natural», afirmó. Como ejemplo, recordó los programas de apoyo económico desplegados por Estados Unidos durante la pandemia de covid-19 para atender a la población afectada por la paralización de la actividad económica. Trabajar en edificios inseguros no es una obligación Richter también recordó que los trabajadores tienen derecho a negarse a prestar servicios si las instalaciones representan un riesgo para su seguridad. Explicó que, aunque normalmente corresponde al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) verificar las condiciones de los centros de trabajo, tras los terremotos esas evaluaciones están siendo realizadas por Protección Civil y los cuerpos de bomberos.
Si una inspección determina que una infraestructura no reúne las condiciones para operar, el empleador no puede exigir el regreso de su personal, indicó. El salario no refleja el ingreso real Otro de los aspectos que preocupa a la especialista es el impacto de la emergencia sobre la remuneración de los trabajadores. Aunque señaló que numerosas empresas han mantenido el pago del salario base, recordó que buena parte de los ingresos de los venezolanos proviene actualmente de bonificaciones asociadas a la prestación efectiva del servicio. «El salario no equivale ni al 10% del ingreso total de un trabajador; el resto puede llegar a 300 o 400 dólares mediante bonos que exigen la prestación del servicio», explicó. En consecuencia, muchas personas podrían experimentar una reducción significativa de sus ingresos aun cuando formalmente mantengan su vínculo laboral.
Una crisis que exige nuevas respuestas Para Richter, el impacto de los terremotos demuestra que la legislación laboral venezolana necesita instrumentos específicos para responder a desastres naturales de gran escala. A su juicio, además de la reconstrucción física del país, la emergencia plantea el desafío de fortalecer la capacidad institucional para proteger a los trabajadores cuando circunstancias extraordinarias interrumpen la actividad económica y dejan a miles de familias en una situación de vulnerabilidad. Con información de Radio Fe y Alegría Noticias