A riesgo de convertirme en un paria, no creo que el dinero en la política sea un problema. Los votantes de derecha e izquierda no parecen coincidir en casi nada últimamente. Sin embargo, suelen compartir la creencia —prácticamente un dogma— de que las donaciones a las campañas, especialmente el dinero de las empresas, son una fuerza corruptora en la política. En resumen, los votantes tienden a creer que los políticos harían lo correcto (sea lo que sea eso) si no fuera por el dinero y su influencia en sus posturas sobre temas importantes y triviales.
Esa opinión está equivocada. Se trata del resultado de un desconocimiento fundamental de las dinámicas políticas que rigen el flujo de las aportaciones a las campañas electorales y de los estrictos límites a las donaciones que impone la legislación federal. Empecemos por la ley. (Aclaración: mi mujer se dedica a recaudar fondos para el Partido Republicano). Los particulares tienen prohibido donar más de US$7.000 a la campaña de un candidato (ya sea aspirante o titular), US$3.500 para las primarias y US$3.500 para las elecciones generales, según los límites establecidos por la Comisión Electoral Federal para el ciclo electoral de 2026.
Los donantes acaudalados interesados en aportar mayores cantidades pueden contribuir con hasta US$44.300 al año a una organización partidista nacional, como el Comité Nacional Demócrata o el Comité Nacional Republicano del Senado. Y el máximo que un gran donante puede aportar en total a los candidatos federales y a los comités partidistas nacionales es de US$132.900 al año. Las donaciones de entidades corporativas están prohibidas. Los “comités de acción política de las empresas”, denominados técnicamente “fondos separados y segregados”, se financian mediante las aportaciones voluntarias de los empleados y están sujetos a límites de donación similares a los que se aplican a los particulares. ¿Existe corrupción en el sistema?
Inevitablemente. ¿Se procesa a los presuntos infractores? Constantemente. Pregúntaselo al exalcalde de Nueva York, Eric Adams, y a Michael Cohen, el antiguo “hombre de confianza” del presidente Donald Trump. Pero la ley es una distracción.
El flujo del dinero Imagina que el dinero en la política fluye como el agua por un acueducto situado en ángulo. De la misma forma que la gravedad empuja el agua cuesta abajo, los donantes aportan dinero a los políticos demócratas y republicanos que ya comparten sus opiniones, como una forma de afirmación y apoyo. Así ocurre tanto con los donantes acaudalados que aportan grandes sumas como con los donantes de base que contribuyen con unos pocos dólares aquí y allá. Es decir, en general, los donantes no usan el dinero de las campañas para manipular la formulación de políticas que no les gustan, es decir, para, en esencia, sobornar a los políticos para que cambien de opinión.
Por ejemplo, los republicanos no son defensores acérrimos de la Segunda Enmienda debido a las donaciones de campaña que reciben de grupos que se oponen al control de armas. Los republicanos defienden el derecho a portar armas porque A) suelen creer personalmente en ello y B) la mayoría de los votantes del Partido Republicano se muestran tan apasionados con este tema como con cualquier otro que haya cubierto en mis casi 25 años como periodista político. Las donaciones provienen de ahí. Todo lo que he descrito anteriormente es cierto en el caso de los votantes demócratas y los candidatos que eligen en lo que respecta al derecho al aborto.
Y también es cierto para ambos partidos en lo que respecta a Israel: las donaciones del Comité Americano-Israelí de Asuntos Públicos (por sus siglas en inglés, AIPAC) se destinan a los políticos que respaldan al Estado judío y se emplean contra aquellos que no lo hacen. Sí, pero ¿qué hay del flagelo de los super PAC (comité político estadounidense que puede recaudar y gastar dinero de forma ilimitada para apoyar o rechazar candidatos) y los llamados grupos de “dinero oscuro”? Ambos pueden aceptar donaciones ilimitadas de particulares y empresas. Los Super PAC deben revelar la identidad de sus donantes en sus informes ante la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés); los grupos u organizaciones de defensa de causas, organizaciones políticas sin ánimo de lucro conocidas como 501(c)4 según el código tributario estadounidense, no están obligados a hacerlo, de ahí el término “dinero oscuro”.
Esto supone una ventaja para los donantes adinerados y las grandes compañías, algo que la mayoría de los votantes considera injusto, y es una preocupación válida hasta cierto punto. En realidad, la ventaja es menor de lo que se supone debido a las diversas restricciones legales que rigen a estos dos tipos de grupos. Los Super PAC tienen prohibido coordinar gastos con las campañas de los candidatos en cuanto a mensajes o estrategias publicitarias. Las organizaciones políticas sin fines de lucro tienen limitaciones en la cantidad de actividad política en la que pueden participar; el gasto total en política debe ser inferior al 50% del total de los fondos que gasta dicho grupo.
En cualquier caso, se aplica el principio de la gravedad política. El dinero de los super PAC y las organizaciones 501(c)4 fluye hacia los políticos con los que esas entidades ya comparten sus ideas, y solo resulta útil en la medida en que el candidato lo use para ganarse el apoyo de los votantes de a pie. Tal y como he escrito antes, ninguna cantidad de dinero puede vender un mal producto. Con cada ciclo electoral, el panorama político está plagado de candidatos que han perdido a pesar de haber recaudado más dinero que sus oponentes y de contar con el respaldo de los super PAC y de organizaciones de defensa de causas que contaban con abundantes recursos económicos.
No importa; como ya he admitido antes, el atractivo de sacar el dinero de la política es fuerte para la mayoría de los votantes. He sido testigo de cómo tanto demócratas como republicanos han recibido calurosos aplausos por defenderlo. Uno de los mensajes más contundentes de Trump entre los votantes republicanos ha sido su promesa de “drenar el pantano” de Washington D.C., a pesar de la percepción de que se conceden favores a cambio de donaciones. Durante este ciclo electoral, demócratas como el senador Jon Ossoff, de Georgia, y el candidato al Senado por Míchigan, Abdul El-Sayed, se están presentando con programas electorales que incluyen la eliminación del dinero de la política (aunque, por supuesto, al mismo tiempo recaudan decenas de millones de dólares para sus campañas).
Las reformas no siempre ayudan Si dejamos de lado las protecciones de la Primera Enmienda para la libertad de expresión política, más leyes podrían empeorar las cosas desde la perspectiva de que el dinero en la política es perjudicial. El auge de los super PAC y las organizaciones 501(c)4, por ejemplo, es consecuencia directa de una ley de reforma del financiamiento de campañas de la década de 2000, diseñada para, como era de esperar, eliminar el dinero de la política. En cambio, la Ley de Reforma Bipartidista de las Campañas de 2002(BCRA, por sus siglas en inglés) empoderó a los donantes adinerados y de base a expensas de los partidos políticos. Antes de la BCRA, los partidos Demócrata y Republicano tenían mayor control sobre los recursos, ya que podían recaudar fondos sin límite.
Los candidatos solían depender de los partidos para obtener esos recursos, lo que les otorgaba una influencia considerable sobre quién los representaría en las urnas. Tras la BCRA, donantes grandes y pequeños gestionan los recursos a través de grupos externos como los super PAC y plataformas de recaudación de fondos como ActBlue y WinRed, que funcionan como un canal para financiar a candidatos a los que los partidos suelen oponerse. Es evidente que el dinero en la política no ha disminuido con la imposición de más restricciones, y el partidismo y los candidatos extremistas, tanto de derecha como de izquierda, han ido en aumento. Es por esto que quienes abogan por una política más civilizada y funcional deberían celebrar la reciente sentencia de la Corte Suprema de los EE.
UU. en el caso NRSC contra FEC. En dicho caso, el tribunal no anuló los límites de contribución a los comités de los partidos ni facilitó que las corporaciones, o los sindicatos de empleados públicos, intentaran influir en la formulación de políticas. La regulación sigue vigente, y así debe ser. Más bien, el fallo devolvió parte de la autoridad que los comités políticos demócratas y republicanos tenían antes de la reforma del financiamiento de campañas, al permitirles coordinarse más directamente, mediante publicidad y mensajes, con sus respectivos candidatos.
Esto podría hacer que los partidos políticos resulten más atractivos para los donantes, ya que sus contribuciones, si bien seguirían sujetas a límites, podrían ser usadas de manera más eficiente por los comités del partido. A su vez, esto podría otorgar a los partidos mayor control sobre la elección de sus candidatos. Y, con el tiempo, esto podría reducir el extremismo y fomentar la cooperación en la política estadounidense, algo que, según afirman, desean los votantes de todas las tendencias. Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial de Bloomberg LP y sus propietarios.
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