Una coalición integrada por 24 estados y el Distrito de Columbia presentó una demanda contra la actual Administración de Estados Unidos por condicionar la entrega de fondos federales destinados a la preparación, respuesta y recuperación ante desastres a la cooperación con las políticas migratorias impulsadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La acción judicial fue interpuesta ante un tribunal federal de Rhode Island y cuestiona la legalidad de las condiciones establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Los demandantes sostienen que el Gobierno pretende imponer requisitos ajenos al propósito de estos recursos, aprobados por el Congreso para atender emergencias y fortalecer la capacidad de respuesta de los estados. - De su interés: Gallos gigantes unen a una comunidad en apoyo a una niña con autismo en Estados Unidos El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, afirmó que la Administración utiliza la seguridad pública como mecanismo de presión para obligar a los estados a adoptar políticas que, según dijo, no responden a los intereses de sus ciudadanos. En la misma línea, el fiscal general de California, Rob Bonta, quien encabeza la demanda junto con su homólogo de Illinois, Kwame Raoul, recordó que iniciativas similares ya han sido rechazadas por los tribunales y expresó confianza en que esta nueva medida también será declarada ilegal.
Washington bajo presión judicial Los estados demandantes argumentan que vincular el acceso a fondos federales con el cumplimiento de políticas migratorias, colaboración obligatoria con agencias federales y nuevas exigencias en materia electoral vulnera la Constitución y excede las facultades del Ejecutivo. El gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que el Gobierno federal no puede presionar a los estados para modificar su legislación electoral mediante condicionamientos financieros. La controversia refleja las profundas diferencias entre varios gobiernos estatales y Washington respecto a la política migratoria y al alcance de la autoridad federal, en un escenario de creciente confrontación institucional en Estados Unidos.