Noboa defendió durante una entrevista concedida este lunes a Radio Sucre que en Ecuador continúa existiendo pluralidad política y aseguró que las restricciones impuestas a determinadas organizaciones responden a la aplicación de la legislación electoral y a investigaciones abiertas por posibles delitos financieros. “Si fuese un dictador, no podrían decir que soy un dictador”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que sus adversarios mantienen plena libertad para cuestionar públicamente al Gobierno, incluso mediante ataques dirigidos contra miembros de su familia. La suspensión de Revolución Ciudadana y Amigo afecta directamente a la estrategia electoral del principal bloque opositor ecuatoriano Noboa defiende la actuación de las instituciones El presidente negó que exista una persecución contra partidos o dirigentes políticos y señaló que corresponde a la Fiscalía, al Consejo Nacional Electoral ( CNE ) y al Tribunal Contencioso Electoral ( TCE ) investigar cualquier indicio de lavado de activos , narcotráfico o financiación irregular. Noboa citó como ejemplo a formaciones como el Partido Social Cristiano, el Partido Socialista, Unidad Popular, Creo, Izquierda Democrática y Suma, que pueden desarrollar sus procesos internos y presentar candidaturas siempre que cumplan los requisitos legales. El mandatario también destacó que Ecuador cuenta con más de 15 organizaciones políticas nacionales y decenas de agrupaciones provinciales, cantonales y parroquiales.
El registro electoral llegó a incluir alrededor de 235 partidos y movimientos nacionales y locales, aunque varias organizaciones mantienen recursos, procesos de cancelación o suspensiones pendientes. Las medidas que han provocado la controversia no fueron adoptadas directamente por el Gobierno ni inicialmente por el CNE. En ambos casos, el TCE ordenó suspensiones provisionales después de recibir solicitudes de la Fiscalía relacionadas con investigaciones por presunto lavado de activos. Posteriormente, el CNE ejecutó administrativamente las decisiones.
Organizaciones y autoridades afectadas Organización o autoridad Medida adoptada Motivo o procedimiento Efecto electoral Revolución Ciudadana Suspensión provisional durante nueve meses Investigación del caso Caja Chica por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos No puede participar con su propia lista durante la suspensión Movimiento Amigo Suspensión provisional durante nueve meses Investigación reservada por presunto lavado de activos Impide utilizar sus siglas para acoger candidaturas correístas Cristian Zamora, alcalde de Cuenca Suspensión de derechos políticos durante seis meses Sentencia por violencia política de género No puede inscribir su candidatura a la reelección Javier Pincay, alcalde de Portoviejo Sanción reducida de dos años a seis meses Inasistencia al debate electoral obligatorio de 2023 Su habilitación electoral continúa sujeta al cumplimiento formal de la sanción Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil Prisión preventiva en varios procedimientos Casos Triple A, Grillete y Goleada Conserva sus derechos políticos, pero su detención dificulta las primarias y la aceptación presencial de una candidatura Fuentes: TCE, CNE y resoluciones judiciales publicadas hasta julio de 2026. Dos suspensiones que dejan al correísmo sin sus principales siglas La Revolución Ciudadana , lista 5, permanece suspendida desde el 6 de marzo de 2026. El juez electoral Joaquín Viteri adoptó la medida después de admitir una denuncia presentada por el fiscal general subrogante dentro del denominado caso Caja Chica. La investigación analiza un posible esquema de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y supuestos aportes irregulares utilizados durante la campaña presidencial anticipada de 2023.
La suspensión puede levantarse antes de los nueve meses si la Fiscalía retira su petición, archiva la investigación o comunica que han desaparecido las circunstancias que justificaron la medida. Las suspensiones son provisionales y se apoyan en investigaciones abiertas, no en condenas penales firmes contra las organizaciones Tras quedar fuera del registro electoral, la dirección de Revolución Ciudadana alcanzó un acuerdo para presentar a parte de sus candidatos mediante el Movimiento Amigo. Sin embargo, el TCE suspendió también esta organización el 17 de julio, después de que la Fiscalía comunicara la existencia de otra investigación previa por presunto lavado de activos. Amigo debía servir como vehículo electoral para figuras como Pabel Muñoz, aspirante a renovar la Alcaldía de Quito, y Luisa González, anunciada como precandidata a la Prefectura de Manabí.
La segunda suspensión dejó al correísmo obligado a buscar nuevas alianzas antes de completar la inscripción de sus candidaturas. La oposición sostiene que las medidas pretenden impedir que la principal fuerza rival del oficialismo participe en los comicios. Noboa, por el contrario, mantiene que su Gobierno “no ataca a políticos” y que las instituciones deben actuar cuando existan indicios de vínculos entre organizaciones políticas y actividades delictivas. Alcaldes suspendidos y candidaturas en duda La tensión electoral se extiende a varios alcaldes enfrentados políticamente al Ejecutivo.
El caso más definido es el de Cristian Zamora , alcalde de Cuenca, cuyos derechos de participación fueron suspendidos durante seis meses por una sentencia de violencia política de género contra la concejala Diana González. El pleno del TCE ratificó la decisión el 9 de junio, lo que obligó a Zamora a abandonar temporalmente la Alcaldía y le impide inscribirse para la reelección. La vicealcaldesa Marisol Peñaloza asumió de manera subrogante el Gobierno municipal. La situación de Javier Pincay , alcalde de Portoviejo, es diferente.
El TCE redujo de dos años a seis meses la suspensión impuesta por no acudir al debate obligatorio de las elecciones de 2023. Su defensa considera cumplida la sanción, pero el tribunal indicó que la restricción continuaría vigente hasta que se presentara la documentación necesaria para acreditar formalmente su ejecución. Las situaciones de Pincay, Zamora y Álvarez responden a procedimientos distintos y no pueden atribuirse a una única decisión electoral En Guayaquil, Aquiles Álvarez permanece en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro y acumula tres órdenes de prisión preventiva. El alcalde no tiene una condena ejecutoriada y conserva formalmente sus derechos políticos, pero su posible reelección afronta obstáculos prácticos, ya que la normativa exige participar en las primarias y aceptar personalmente la candidatura ante los delegados electorales.
El CNE rechaza la revocatoria contra Noboa Otro frente de confrontación es la solicitud de revocatoria de mandato impulsada por la plataforma Revoca EC, Ecuarunari y organizaciones sociales contra Noboa y la vicepresidenta, María José Pinto. Los promotores, que aseguran contar con el respaldo de más de 100 organizaciones, acusaron al binomio presidencial de incumplir su programa de Gobierno. La Presidencia respondió entregando al CNE más de 22 cajas y 14.532 folios con documentación destinada a justificar las actuaciones desarrolladas desde el inicio del mandato 2025-2029. El CNE negó por unanimidad la entrega de los formularios necesarios para recoger firmas al considerar que los solicitantes no identificaron de forma clara los compromisos supuestamente incumplidos.
Los impulsores de la revocatoria anunciaron recursos administrativos y una eventual impugnación ante el TCE. El rechazo del CNE no ha cerrado definitivamente la vía de la revocatoria, ya que los promotores pueden recurrir ante la justicia electoral Más de 13,8 millones de ecuatorianos llamados a votar Las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, oficialmente denominadas Elecciones 2027 , se celebrarán anticipadamente el 29 de noviembre de 2026. El censo definitivo está compuesto por 13.827.643 electores , de los que 13.331.335 votarán en Ecuador y 496.308 podrán hacerlo desde las tres circunscripciones del exterior. Los ciudadanos elegirán 5.749 autoridades principales, incluidos prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana.
Las suspensiones de organizaciones, las sanciones contra autoridades locales y los recursos anunciados por la oposición mantendrán abierto el conflicto institucional durante las semanas previas a la inscripción definitiva de candidaturas. La composición final de las papeletas dependerá tanto de las alianzas que logre articular el correísmo como de las decisiones pendientes en el TCE y en otras instancias judiciales.