La Asamblea Nacional recibió este martes la iniciativa de reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua, respaldada con la firma total de los diputados, y aprobó la creación de una Comisión Especial de Carácter Constitucional que tendrá la responsabilidad de estudiar, consultar y dictaminar la propuesta antes de su discusión en el plenario. Durante la sesión, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, informó que el primer paso consistió en entregar formalmente la iniciativa a la Primera Secretaría para dar inicio al trámite legislativo. Posteriormente, el plenario conoció y respaldó la conformación de la comisión especial, integrada por 12 diputados, entre ellos miembros de la Junta Directiva, jefes de bancada y presidentes de comisiones legislativas. - Te puede interesar: Nicaragua informa a cuerpo diplomático proceso de reformas que garanticen elecciones en seguridad y paz La exposición de motivos de la iniciativa argumenta que el contexto internacional, caracterizado por conflictos geopolíticos, crisis económicas, sanciones, crimen organizado e incertidumbre, hace necesario fortalecer las condiciones de estabilidad, seguridad y paz en Nicaragua para continuar la lucha contra la pobreza y garantizar la continuidad de las políticas de desarrollo. Entre los principales cambios propuestos destaca la ampliación del período efectivo de Gobierno de seis a siete años, con posibilidad de renovación; esta modificación permitiría dar continuidad al Plan Nacional de Desarrollo Humano y de Liberación de la Pobreza, así como fortalecer la planificación y ejecución de políticas públicas de mediano y largo plazo.
La iniciativa también reafirma el modelo de “Estado revolucionario, cristiano, socialista y solidario” y el concepto de “pueblo presidente”, señalando que la reforma busca consolidar la estabilidad institucional y asegurar las condiciones para el desarrollo económico y social del país. Tras su presentación, el proyecto fue remitido oficialmente a la Comisión Especial de Carácter Constitucional, que deberá desarrollar el proceso de consulta y elaborar el dictamen correspondiente antes de que la propuesta continúe su trámite legislativo.