Bloomberg — Una operación de canje de bonos del Estado colombiano llevada a cabo el pasado mes de octubre podría haber infringido principios constitucionales al trasladar los costes de financiación a futuros gobiernos a cambio de un alivio de liquidez a corto plazo, según ha revelado una auditoría realizada por la Contraloría General de la República. La institución remitió el caso a la Inspección General de la República de Colombia para que se consideren posibles medidas disciplinarias, tras rechazar la defensa presentada por el Ministerio de Hacienda durante la auditoría, según documentos a los que ha tenido acceso Bloomberg. La operación trasladaría billones de pesos en costos de financiación a futuros gobiernos, señaló el organismo de control en una conclusión que podría redefinir la forma en que se examina la gestión de la deuda soberana. En una carta dirigida a finales de junio a la Inspección General, la Contraloría reconoció que el canje de bonos cumplía con las normas de gestión de la deuda.
Sin embargo, las consecuencias fiscales a largo plazo de la operación, en términos de costes de intereses y carga de la deuda, superaban sus beneficios de liquidez a corto plazo, señaló el organismo. El Gobierno del presidente Gustavo Petro recurrió en gran medida a operaciones de gestión de la deuda para aliviar las presiones de financiación en un contexto de déficits fiscales crecientes, tipos de interés elevados y unos ingresos fiscales escasos. El director de Crédito Público, Javier Cuéllar, dirigió varias operaciones de gestión de la deuda, incluido un intercambio de francos suizos que suscitó un amplio debate, en un momento en que el Gobierno trataba de reducir los costes de financiación y suavizar los vencimientos de la deuda. Cuéllar no fue mencionado directamente en la auditoría.
Si bien esas medidas lograron reducir los costes de financiación, quedaron contrarrestadas por un elevado gasto, lo que elevó el déficit fiscal primario al 3,5% del producto interior bruto en 2025. Este caso podría sentar un importante precedente para la gestión de la deuda de Colombia al afirmar que los responsables financieros deben tener en cuenta los efectos a largo plazo de dicha gestión o enfrentarse a posibles sanciones. La Inspección General investiga las faltas disciplinarias cometidas por los funcionarios públicos. Ni el Ministerio de Hacienda, ni el director Cuéllar, ni la Fiscalía General respondieron a las solicitudes de comentarios.
En la operación de octubre, el Ministerio de Hacienda canjeó 43,4 billones de pesos (US$13.400 millones) en instrumentos de deuda local conocidos como bonos TES por 35,4 billones de pesos en nuevos títulos, lo que redujo el saldo nominal de la deuda interna en unos 8 billones de pesos. El Gobierno argumentó que la operación mitigó los riesgos de refinanciación y mejoró el perfil de vencimientos de su cartera de deuda. La Contraloría, sin embargo, concluyó que la operación acabó aumentando los costes de financiación a largo plazo en lugar de generar ahorro fiscal. Ver más: Gobierno Petro elevó deuda interna de Colombia a máximo histórico en 5 meses La operación sustituyó bonos con cupones de alrededor del 7,25% por nuevos títulos con cupones del 11,75% y del 12%, lo que aumentó los pagos anuales de intereses en aproximadamente COP$316.500 millones, según el organismo de control. “Las operaciones de gestión de la deuda pública que trasladan excesivamente las cargas financieras al futuro, mediante aumentos sustanciales del servicio de la deuda, la acumulación desproporcionada de intereses o el aplazamiento irrazonable de las obligaciones fiscales, pueden afectar a la dimensión intertemporal de la sostenibilidad fiscal”, señaló el organismo en la remisión al inspector general.
La Contraloría también cuestionó el uso de títulos del Tesoro a menos de un año que se canjearon por bonos a largo plazo, argumentando que el uso reiterado de este mecanismo podría aumentar gradualmente las obligaciones de deuda a largo plazo, al tiempo que convierte instrumentos destinados originalmente a la liquidez temporal en financiación permanente. Según el organismo de control, la operación planteaba “cuestiones constitucionales de fondo”, ya que trasladaba las cargas financieras a futuras administraciones, aumentaba estructuralmente los costes del servicio de la deuda y reducía el margen fiscal disponible para el gasto social y otras prioridades del Gobierno. El Ministerio de Hacienda rechazó dichas conclusiones. El objetivo de las operaciones era reducir los riesgos de refinanciación y de liquidez, al tiempo que se ampliaba el vencimiento medio de la deuda pública, según respondió el ministerio a la Contraloría, según los documentos.
Aunque reconoció que los nuevos bonos tenían cupones más elevados, el ministerio argumentó que esos tipos simplemente reflejaban las condiciones imperantes en el mercado. La emisión de valores con cupones artificialmente más bajos habría requerido venderlos con descuentos mucho mayores, lo que habría obligado al Gobierno a emitir una deuda nominal sustancialmente mayor para obtener la misma cantidad de financiación. “La emisión sistemática de valores con descuento, aunque puede reducir el servicio de la deuda en términos de intereses, aumenta el coste financiero implícito y también ejerce una presión al alza sobre el stock de deuda, al requerir mayores importes nominales de emisión para alcanzar el mismo nivel de financiación efectiva”, dijo el Ministerio en su respuesta a la auditoría. El Ministerio también argumentó que la oficina del interventor evaluó la operación de forma demasiado limitada, centrándose en los pagos de cupones en lugar de tener en cuenta el diseño más amplio de la estrategia de gestión de la cartera. La oficina del interventor desestimó dichos argumentos, señalando que las decisiones de gestión de la deuda deben juzgarse no solo por su capacidad para aliviar las presiones de liquidez a corto plazo, sino también por sus efectos a largo plazo sobre los costes del servicio de la deuda y la sostenibilidad fiscal.