Hace tiempo que en Perú no se vive una elección como en otros países, donde la mayoría ganadora sale a las calles a celebrar la esperanza de un futuro mejor encarnado en un nuevo presidente o presidenta: Keiko Fujimori, quien asume el poder este martes, no es la excepción. Los números explican esta realidad poco festiva de la política en Perú: en un país donde poco más de 27 millones de personas estaban habilitadas para sufragar este año, Fujimori fue la más votada en primera vuelta por apenas 2,8 millones de ciudadanos, o sea, casi un décima parte del padrón total. Un número bajo. La candidata de Fuerza Popular (derecha) finalmente se impuso en segunda vuelta ante Roberto Sánchez (Juntos por el Perú, izquierda), pero con 9,2 millones de votos, es decir, prácticamente sólo un tercio de los peruanos habilitados la eligió y, encima, superó a su oponente por apenas 49.641 votos.
Casi nada. La baja votación obtenida por Keiko es algo que ya se viene repitiendo en un país que hace años no celebra masivamente ninguna victoria electoral, un fenómeno atribuido a una grave crisis de representatividad y al descrédito de la clase política. En otras palabras: en Perú se vota en contra de un candidato o se vota por el mal menor, pero poco se vota con entusiasmo o convicción. EL DILEMA DE GOBERNAR Este bajo arraigo popular representa para Fujimori un problema para la gobernabilidad.
Es decir, ahora que la derechista va a ser presidenta, lo hace prácticamente con medio Perú que no la quiso en el poder. Entonces… ¿qué tan posible es la gobernabilidad de un país para una presidenta que no entra al poder con un apoyo importante? Alejandro Godoy, analista y magíster en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú, hace algunos apuntes al respecto en diálogo con la Agencia Sputnik. «El reto de la gobernabilidad que enfrentará Fujimori, en un primer nivel, tiene que ver con la política pública. Ahí tienes tres grandes temas que el gobierno tendrá que enfrentar: el tema de la inseguridad ciudadana, la economía, y el fenómeno El Niño por el que Perú está atravesando actualmente, pero que su cara más complicada, en términos de desastres naturales, se va a ver a fines de año e inicios del próximo», dice Godoy.
Perú atraviesa una grave crisis de inseguridad, y en ese aspecto Fujimori ha prometido poner «orden», además de ofrecer una política de «mano dura», entre otras medidas punitivas. El problema es que, según los especialistas y la experiencia, la «mano dura» no sólo ya ha sido aplicada sin éxito en gobiernos recientes, sino que el saliente Congreso, dominado por Fuerza Popular y sus aliados, ha dado una serie de leyes que debilitan la lucha contra la criminalidad. Entre esas leyes está aquella que redefine el delito de organización criminal, exigiendo estructuras más sofisticadas, lo que impide que muchas bandas de delincuentes sean investigadas a través de instrumentos judiciales y policiales más complejos, si es que la ley las considerase como organizaciones criminales. LEYES CONTROVERSIALES Otra ley es aquella que restringe el poder de la fiscalía al exigir la presencia del investigado y su abogado antes de proceder con el allanamiento de un inmueble; asimismo, el Congreso saliente también aprobó una norma que reduce los plazos de prescripción penal, incluso para delitos graves y complejos, lo que aumenta el riesgo de que casos de corrupción y lavado de activos queden impunes.
En ese caso, la solución al problema de la inseguridad ciudadana, a entender del analista Godoy, es simple: «Fujimori como presidenta debería derogar las leyes pro crimen, pero ¿por qué derogaría ahora lo que ella, a través de su bancada, ha venido apoyando por años? No tendría lógica». En lo económico, a entender de Godoy, Fujimori parece tener todo bajo control al anunciar como su ministro de Economía a Elmer Cuba, a quien define como un «técnico competente» y con entendimiento del manejo macroeconómico, aspecto que el Perú actual puede preciarse de mantener a raya con una moneda que es de las más estables en la región y con una inflación baja. Sin embargo, el fenómeno El Niño, que las autoridades ya advirtieron que va a ser de un impacto muy preocupante, va a castigar inminentemente a las poblaciones de la costa norte de Perú, con inundaciones, aludes, lluvias torrenciales y su evidente impacto negativo sobre la vida y actividades económicas en general. «El Niño va a afectar principalmente a la costa norte del Perú, que es un bastión fujimorista.
Dependerá de Keiko cómo afronta el problema de los inminentes desastres naturales para una zona en la que cuenta con un apoyo bastante fuerte que le ha permitido no solo llegar a la presidencia, sino que era cierta garantía de tener una buena parte de la ciudadanía a su favor para dejarla gobernar», anota Godoy. Fuera de los temas mencionados, Fujimori enfrentará una deuda antigua y que podría significarle quizá el escollo más grande para poder gobernar: el rechazo que tiene hacia ella la población de los departamentos del sur andino de Perú a causa de las muertes de civiles que se reportaron durante las protestas contra el Gobierno de la expresidenta Dina Boluarte (2022–2025). Boluarte asumió luego de que el Congreso destituyera al entonces presidente Pedro Castillo (2021–2022) por intentar dar un golpe de Estado. Castillo llegó a la presidencia por su fuerte arraigo en la zona sur andina, y la llegada de Boluarte al poder fue percibida por los peruanos del sur como una maniobra orquestada por el fujimorismo desde el Congreso para poner a una mandataria que responda a sus intereses.
Sin embargo, frente al «problema del sur», como lo llama Godoy, Fujimori «estaría apuntando a la idea de que la obra pública, sea grande o pequeña, puede ser lo que la haga congraciarse con el sur andino», aunque con resultados que no son previsibles. DIÁLOGO ROTO Por otro lado, Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 09 de enero Juliaca – Puno, que reúne a familiares de fallecidos y heridos durante las protestas de 2023 contra el gobierno de Boluarte en el departamento de Puno (sur), descarta un entendimiento con la presidenta Fujimori, explicando sus razones. «Ahora han aprobado la ley para que las investigaciones sobre delitos cometidos por policías y militares pasen al fuero militar para ser juzgados, y con ello es claro que el fujimorismo no tiene ninguna voluntad de reparar todo el daño que ha causado. La señora Fujimori lo único que quiere es utilizar y engañar para decir que ya se está dialogando con los familiares de las víctimas, pero mientras no se deroguen las leyes que protegen a los responsables de las muertes, esto simplemente es pura mentira y no hay nada que dialogar con esa señora», dice Samillán a la Agencia Sputnik. La ley que menciona Samillán fue aprobada este año a iniciativa del expresidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, quien ue argumentó que la norma era para evitar una «persecución judicial» contra los militares y policías que lo único que hacen es cumplir con su deber al mantener el control interno.
El conflicto que amenaza la gobernabilidad para Keiko Fujimori es que Rospigliosi ha sido elegido senador en el entrante Congreso, además de que los familiares de las víctimas del sur están convencidos de que mataron a sus familiares por una represión desmedida y criminal de las fuerzas del orden. «La señora Fujimori no ha tenido ninguna intención de acercarse a nosotros, es por ello que nosotros rechazamos las declaraciones que viene dando en diferentes medios acerca de una reconciliación nacional», dice el presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 09 de enero Juliaca – Puno. Por su parte, Godoy considera el problema del sur como el más complicado de cara a la gobernabilidad para Keiko, en tanto el fujimorismo «no da ninguna señal de algún tipo de comprensión o entendimiento sobre la cuestión institucional, la cuestión sobre los derechos humanos, la cuestión de la justicia para las víctimas o el respeto a la memoria».